Boletín de Opinión : "Pensando en Voz Alta"

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El Derecho de una Madre

Enlace permanente 17 de Enero, 2010, 18:11

Me llamo Silvia Paredes de Martínez, vivo en el Barrio Iberá, tuve en mi vientre 9 hijos, y todos sanos, luché por ellos, los crié, a pesar de la tremenda pobreza y la violencia en mi matrimonio, hoy ya separados con mi marido, los saqué adelante, lo intenté. 


 
Y tengo que sostener el dolor de haber tenido que sobrevivir a 3 de mis hijos varones, los tres sufrieron muertes evitables, violentas, muertos por acción criminal del Estado o por abandono del mismo, que siempre me dio la espalda.
Escribo a la opinión pública, no para que compartan mi dolor, porque eso es imposible. Escribo para reclamar respeto. Todos mis hijos, mi familia, merece respeto, y eso no ocurre. Esta carta es mi derecho a réplica por una publicación en el Diario El Libertador.

Mi primer hijo José David Martínez, 1 año y medio, vivíamos en la costa, en “el bajo”, una inyección de Dexametasona que ya le habían puesto, al rato convulsiones, paro cardiaco. Pensé que no había un dolor más grande.

Año 2006, ya vivíamos en el Barrio Iberá y separados de mi marido, detienen por Averiguación de antecedentes al otro mi hijo, Matías Martínez de 16 años, fui a la 7ma. y no me lo quisieron entregar. A la mañana dijeron. Y en la madrugada masacre en la 7ma. Horror. Mi hijo fue victima martirizada de todo aquello el 13 de enero. Luego de una agonía de 9 días, en el mayor desamparo, lo sepultamos. Los policías responsables andan sueltos, trabajando como si nada y la causa judicial está muerta. Pensé otra vez que no había un dolor más grande.

En ese entonces Elías José Martínez, tenía 14 años, este mi hijo era un niño muy activo y travieso, ya se me escapaba y desde aquel tiempo ya circulaba mucha droga, entonces era Matías el que hacía de papá con él, lo buscaba, lo protegía, y con su muerte, el “Bebe” como le decimos a Elías, quedó solo y desbastado. Iba siempre a la tumba de Matías y pasaba horas prendiéndole cigarrillos y dejando cositas de regalo. Como si quisiera hablar con él. Se me escapaba, con las bolsitas de poxiram primero, se hizo adicto. Decía “cuando me drogo me olvido de todo”, nunca lo hacía delante de mí, pero yo sentía ese olor en él, en la ropa. Y por ahí me decía que ya dejó eso, que quería estudiar. Lo acompañaba yo todos los días a la escuela nocturna, y lo buscaba a la salida, para que no se escape. Todos los días estos años. Logré este año que termine 7mo Grado. Y estaba tratándolo una Psicóloga de una salita.

Pero la Policía ya decidió su destino, antes que se me vaya de las manos a mí, lo detenían cuando salía de la Escuela, lo perseguían, le daban palizas, lo encerraban en la misma celda que quemaron vivo a Matías y se reían de él, le decían “te vamos hacer lo mismo que a tu hermano”. Y todo se repetía una y otra vez, nunca tuvimos eco en la Justicia, fue detenido sin mayores razones de tipo legal más de 8 veces, la última en Octubre, le pusieron una 9mm en la boca y salió mas golpeado que nunca.

Cada vez que el Bebe salía de la 7ma, volvía más aturdido, más violento, más grande, como si en un día hubiera crecido 2 o 3 años. Se fue curtiendo una personalidad temeraria, ya no sentía nada, ya no tenía miedo a nada, ya no le importaba lo que le hacían o lo que pasaba, solo quería olvidar y perderse en alguna esquina oscura del Barrio. Solo quería drogarse. No sólo masacraron a Matías, sino que su martirio fue utilizado todo este tiempo para quebrar el corazón de Elías, su hermano menor, su protegido. Como un designio, la tragedia seguía con nosotros, y sigue aun.

El 1ro. de enero de 2010, a pocos días de cumplirse 4 años de la muerte de Matías, salgo a buscar a Bebe, no dormí toda la noche, porque él no dormía. Con 18 años, igual siempre salía a buscarlo y lo traía para que no se meta en problemas. O sino Coni (Jonás Elizandro Martínez), el hijo que tengo que más me ayudaba con él, que más me ayudaba con todo, el más fuerte, el más sano y trabajador de todos mis hijos, todos lo sabemos, el Barrio entero lo sabe. Si yo no lo encontraba salía el. Esa mañana logré que el Bebe entre en el dormitorio eran las 11 de la mañana y estaba sacado y desvelado. Peleaba conmigo para volver a salir, entonces Coni que estaba durmiendo despertó, me retiré entonces tranquila, dejé que Coni se ocupe de retenerlo como siempre, y no sé de donde o como, el Bebe sacó un cuchillo en el forcejeo y lo hirió de muerte. Mató a Coni. Así es, me di cuenta entonces, no tiene medida el dolor ni forma de expresarlo.

Quiero desmentir que vino la Ambulancia, Coni se desangraba y la ambulancia nunca apareció. Tengo que agradecer, sí, al Sr. Antonio Almirón, un buen hombre, muy respetado, vecino nuestro, que con su camioneta llevó a Coni al Hospital y lo bajó con sus propios brazos. Coni luchó por su vida, pero se nos fue cuatro horas después.

Quiero desmentir que la Policía haya tenido que investigar, perseguir y capturar al Bebe, es una mentira, no era necesario. Diego, el otro mi hijo, el mayor de todos lo retenía en mi domicilio y lo entregó a la Policía que fue llamada por nosotros. Entregamos al Bebe que tiene 18 años (y no 30 como dice el Diario) a las autoridades, no podíamos hacer otra cosa por supuesto, lo hicimos, la policía no hizo nada, más que inventar una historia para que el Diario la publique injuriando a mi familia.

Según la historia publicada en el Libertador, mi familia fue a la 7ma para linchar al Bebe, para “ajusticiarlo”, eso es otra mentira, solo fue el Padre a la 7ma para anoticiarse de la situación, y más allá de nuestras diferencias, de que nunca se hizo cargo de los hijos, el Padre no tendría una actitud de agresión de esa naturaleza. A nadie se le pasó por la cabeza un linchamiento contra quien es un familiar también. No somos animales, somos una familia en tragedia constante que es muy distinto.

Es una desgracia lo que nos pasó, no se sabe hasta que se vive lo que es convivir con un chico adicto y marcado y perseguido por la Policía como es mi hijo, y tratar de sacarlo de eso, y que el Estado te de la espalda todo el tiempo, no hay una sola Institución en Corrientes para tratarle esa enfermedad que es la adicción. Soy una mujer sola que ni alimentos me pasa el Padre, sola traté de hacer todo lo que pude por mis hijos. Y sola sigo.

Y lo último que quiero desmentir, que me indigna, y me animó a escribir esto: desmiento totalmente lo que salió en el Diario el Libertador: que los dos, que Bebe y Coni fueron detenidos en muchas oportunidades por robos y otros delitos. Es una maldita mentira. El Bebé sí, él fue detenido muchas veces. Desde que mataron a Matías tengo que vivir en Tribunales y nunca hay Justicia.

Pero Coni, que digan esa mentira de Coni, cuando es un chico de 22 años que jamás probó gota de alcohol, ni otro vicio, nunca una entrada en la Comisaría, una excelente persona, que trabaja y ayuda en la casa con los gastos, que es mi persona de consulta, el hombre que me respalda en las situaciones difíciles para tomar decisiones, que digan eso, es un verdadero delito escandaloso. Pregunté en el Diario que porqué antes de insultar la memoria de mi hijo no iban a casa a preguntar por Coni, o al Barrio, me dijeron que la Policía les pasó el informe. ¿Esto es información objetiva? Solicito que esto sea publicado íntegramente o impulsaré acciones legales. Ya bastante hizo la Policía y el Estado por mi familia como para permitir que además se diga cualquier cosa.

El Bebe ya está donde lo querían, está allá en San Cayetano, no lo voy a dejar solo a pesar de todo, es mi hijo y así seguirá siendo, pero sepan a los que buscaron llevarlo hasta este límite de la degradación humana, que no lo tienen, que no lo atraparon, que nada de lo que le puedan hacer allá será peor que lo que él mismo sentirá cuando despierte de esta locura y se dé cuenta de lo que hizo. Por eso mismo no lo voy a abandonar, debería estar internado con una medida de seguridad mientras dura el proceso, no preso, pero para nosotros los pobres no existe Ley ni Derecho, solo desgracia permanente.

Uds. dirán ¿por qué digo Coni ES mi hijo el que siempre me ayuda, en tiempo presente? porque es así. Yo no puedo creer lo que ocurrió o lo que vi yo misma, no lo pienso creer. Para mí Coni está trabajando en el Interior, estoy segura de eso. Está de viaje, como tantas veces, y cualquier día de estos va entrar por la puerta, con su bolso, buscándome para un abrazo. Solo estoy esperando eso, que vuelva pronto.

DNI Nº 13.472.118
Domicilio: Barrio Iberá 19 Viviendas, casa 6
Teléfono: 3783 – 532818
Corrientes, 10 de enero de 2010

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Denuncia de expulción de consejeros estudiantiles

Enlace permanente 21 de Marzo, 2009, 9:32

Corrientes, 17 de marzo de 2009 

Sr. Director Gral. de la D.G.E.S.

Prof. Horacio Arnaldo Tourte

S                       /                        D:

                              Nos dirigimos a Ud. con el fin de DENUNCIAR POR LA VIOLACION DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO por parte de un Órgano en funciones Administrativas, en referencia al Gobierno Colegiado del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente Nº 1 de ésta Capital (I.S.F.C.D. Nº 1), solicitando además, intervención directa por parte de ésta Dirección y de la Supervisión Técnica, como medio para asegurar parte de la institucionalidad de dicho cuerpo, correspondiente a los representantes estudiantiles electos para integrar el Consejo Directivo según se corresponde a la Resolución 1561/05 en sus artículos 5º, 6º, 52º y 90º.

                              En el día de ayer habiéndose reunido el Gobierno Colegiado del I.S.F.C.D. Nº 1 en la Rectoría del Instituto, ubicada en la planta alta de la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”, sita en calle Bolívar 1148, siendo las 17:40hs. se da inicio a la reunión ordinaria del Consejo Directivo, encontrándose presentes la mayoría de los miembros, antes de iniciar la lectura del Acta de la reunión anterior el Director de Carrera del Profesorado en Historia, Sr. Prof. Enrique Deniri, da una moción de orden en referencia directa a la calidad y acreditación de los alumnos que integramos el Consejo Directivo que nos encontrábamos presentes, exponiendo que como la institución aún no ha acreditado hasta el día de la fecha la condición de alumnos y si los mismos cumplimentamos o no el requisito necesario de materias aprobadas para ocupar el cargo para el cual fuimos electos, además consideraba tener serias dudas sobre el número de la matricula de alumnos del año 2008, del cual se desprende la cantidad de representantes estudiantiles que fueron electos para integrar el Consejo Directivo para el período del corriente año, así él propone una moción de orden a ser sometida a votación, sin discusión o deliberación de ningún tipo que causare dilaciones en la misma y siguiera haciendo peligrar la legalidad del órgano, puesta en dudas supuestamente por los alumnos que allí nos encontrábamos expresó, a partir de éste momento tanto el alumno del Profesorado en Ciencia Política, Juan Pablo Seoane, como la alumna del Profesorado en Historia, María Laura Reyes, solicitamos la palabra, la cual nos fue negada tanto por el Prof. Enrique Deniri como por el Presidente del Consejo, Sr. Rector Prof. Víctor Rolando Fernández; antes de votar el Prof. Enrique Deniri dio aclaratoria de su moción puesta a consideración, la cual expresaba: “Que ante la falta de acreditación institucional por parte de los alumnos y las dudas crecientes al número de la matrícula del año 2008 para saber cuantos representantes estudiantiles corresponderían a integrar el Gobierno Colegiado, propongo se retiren y se los excluya del Consejo Directivo a los mismos, y hasta éstas dudas (que afirma enfáticamente) sean resueltas por una Comisión Investigadora conformada al efecto, que será constituida tras el retiro de los alumnos por hallarse ellos inhibidos,  a resolución y dedición de dicha Comisión Investigadora recién podrán reincorporarse los alumnos que correspondan a resolución de ésta”. Tal moción fue votada afirmativamente, manos en alto, por la unanimidad de los Profesores presentes y con abstención de todos los representantes estudiantiles, además encontrándose también la Secretaria del Instituto, que oficia de secretaria de actas, levantando la mano como votando afirmativamente, entendiendo esto por nuestra parte que esto va más allá de sus funciones y atribuciones. Habiéndose producido ésta situación encontrándonos anonadados por lo improcedente de la actitud del Sr. Prof. Enrique Deniri en su moción, y siendo permitido por el Presidente del Consejo Directivo votar tal moción de orden, sin permitir la deliberación o la legítima defensa o expresión de opiniones por parte de los representantes estudiantiles que allí nos encontrábamos, solicitó nuevamente la palabra el representante estudiantil Juan Pablo Seoane, la cual le fue negada otra vez por el Sr. Rector fundando éste que “Ud. ya no es miembro y con Ud. no pienso discutir esto así que se retira”, sabiendo que sin el permiso necesario ya no podríamos dirigirnos al Consejo Directivo y no habiéndosenos permitido advertir en ninguna oportunidad a los integrantes del mismo sobre la ilegalidad y contraproducencia de lo que se acabó de decidir, nos vimos obligados a retirarnos de la rectoría.

                              Habiendo ya explicado detalladamente lo sucedido en la reunión del Consejo Directivo del I.S.F.C.D. Nº 1 del día de ayer, expondremos a continuación de manera puntual y conteniendo textual de las normativas sobre los fundamentos que llevan a que ésta actitud personal de ciertos integrantes del Gobierno Colegiado y la decisión por unanimidad de los profesores del mismo, VIOLAN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE y coartan los legítimos derechos de los alumnos a participar del gobierno de la institución, además de la negativa de la autoridad del Instituto a dar las constancias de alumno y materias aprobadas a los representantes estudiantiles electos para acreditar su condición, habiéndose solicitado las mismas en reiteradas oportunidades a partir del doce (12) de diciembre del año 2008 con la presentación de nota dirigida al Rector rubricada por los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil, expresando en la misma las distribución de los cargos a Consejeros Estudiantiles Titulares y Suplentes y de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes, resultado de elecciones estudiantiles realizadas el 22 de octubre del pasado año a tal efecto, adjuntándose a la misma copia fiel de las Actas correspondientes que acreditasen dicha circunstancia (ajuntamos copia a la presente), además en relación al número de la matrícula de alumnos del ciclo lectivo 2008, la hemos obtenido el pasado año en la reunión mantenida con Ud. Sr. Director Gral., el día 14 de mayo del año 2008, encontrándose presentes representantes estudiantiles del I.S.F.C.D. Nº 1, del I.S.F.D. “Dr. Juan Pujol” y del I.S.F.D. “José Manuel Estrada”, en dicha reunión la Supervisora Griselda Montichelli allí presente, nos facilitó el número de la matrícula entregado por dichos institutos a la D.G.E.S., correspondiendo 3.076 alumnos al I.S.F.C.D. Nº 1, 2.660 al I.S.F.D. “José Manuel Estrada” Y 2.000 al I.S.F.D. “Dr. Juan Pujol”.

                              PRIMERO; la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo del Instituto es contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional Argentina en su Artículo 14º: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; (...) de peticionar a las autoridades; (...)de asociarse con fines útiles; (...)”; así también al Artículo 14º bis. La decisión de conformar una Comisión Investigadora a los efectos y fundamentos que el Consejo considere, para juzgar la legitimidad de los representantes estudiantiles es contraria a los establecido en el Artículo 18º: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, (...) Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. (...)”; además dentro de las funciones y atribuciones del Consejo Directivo establecidas sólo en la Resolución 1561/05, ya que no contamos con Reglamento Interno, en ningún momento establece poder de decisión para privar permanentemente la participación de ninguno de sus miembros no la atribución de formar Comisiones Investigadoras o especiales para investigar la condición de los alumnos y someter su situación al juicio único de la misma, contrariando los que establece la Constitución en el Artículo 19º: “(...) Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”; y ésta decisión del Consejo Directivo viola también los derechos y garantías constitucionales expresados en los Artículo 28º: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”; Artículo 33º: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”; entendiendo por mi parte que al caso éste aún es el medio más idóneo para aclarar las dudas aquí manifestadas, reservándome siempre el caso lo amerite por lo antes expuesto el derecho constitucional establecido en su Artículo 43º.

                              SEGUNDO; entiendo que según la Resolución 1561/05 en su Art. 4º: “Los Institutos de Educación Superior de gestión estatal, tendrán dependencia del Ministerio de Educación y Cultura a través de una relación funcional con la Dirección General de Educación Superior  estarán sujetos a las normas establecidas en el Estatuto del Docente, como así también a las que surjan de organismos gubernamentales correspondientes y de su propio accionar en el marco de la autonomía acordada. (...)”; y habiéndose negado la defensa y partiendo la decisión cuestionada en la presente del órgano máximo de gobierno del instituto, encontré lo más correcto e idóneo dirigir esta denuncia a la superioridad, entendiendo que Ud. velará por la correcta interpretación y aplicación de la Resolución 1561/05 en su Art. 5º: “El gobierno de los institutos superiores funcionará colegiadamente bajo la figura del un Consejo Directivo”; Art. 6º: “El Consejo Directivo estará constituido por el Rector, el Vicerrector, Regente (si hubiere), los Coordinadores de Departamentos de Formación de Grado, el de Investigación, Promoción, y Desarrollo y el de Capacitación, Perfeccionamiento y Extensión, Directores de Carrera y representantes de los alumnos como se establece en el Artículo 52º”; Art. 52º: “Los alumnos participarán del gobierno de la institución, siendo condición indispensable, ser alumno regular y tener aprobado por lo menos el 50% de los espacios curriculares de la carrera que cursa y ser elegido por sus pares. La proporción representativa será: De 1 hasta 500 alumnos: 1 (un) representante. De 501 hasta 1000 alumnos: 2 (dos) representantes. De 1001 hasta 1500 alumnos: 3 (tres) representantes. Y así sucesivamente.”; Art. 90º: Tendrán acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza, a asociarse libremente a Centros de Estudiantes, a participar en el gobierno y en la vida de la institución, conforme a las normas legales en vigencia y a recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior (Ley 24521 de Educación Superior art. 13, inc. a), b), c) y d)”; por la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo se niega completamente el derecho de los alumnos a participar del gobierno y la vida de la institución, habiéndose cumplido por parte nuestra todos los requisitos solicitados normativamente, considerando que esto además hace peligrar la institucionalidad del gobierno colegiado del instituto, negándose la participación a los miembros estudiantiles electos por el total de los demás miembros del órgano contraviniendo lo establecido en la Resolución 1561/05. Así también ésta decisión del Consejo Directivo es improcedente según el orden normativo vigente expresado por la Resolución 1561/05 en su Art. 10º: “El Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones: (...)”; Art. 11º: “Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de más de la mitad de los miembros presentes (...)”; Art. 12º: “Para mayor eficacia y especialización, podrán conformarse comisiones “ad-hoc” para el análisis de los diferentes temas emergentes de las atribuciones consignadas en el artículo 10º. El resultado de dichos análisis serán puesto a consideración del plenario para su tratamiento definitivo”; Art. 13º: “Cuando se traten temas en los cuales se encuentre involucrado algún miembro del Consejo, éste deberá abstenerse de participar de la reunión”; donde en ninguno de los puntos del artículo 10º da sustento legal que atribuye al Consejo la atribución de dejar fuera por decisión de la mayoría a miembros del órgano o la formación de comisiones investigadoras o especiales para juzgar a alguno de sus miembros o a alumnos de la institución, teniendo ningún sustento normativo vigente sobre el cual se base la ésta decisión tomada por el Consejo Directivo. Cabe destacar que en cuanto al Rector que oficia de Presidente del Consejo Directivo, encontrándose establecidas sus funciones en la Resolución 1561/05 en su Art. 16º: “Son funciones del Rector: 16.1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo.- 16.4. Realizar la coordinación y el desarrollo de lo programado por el Consejo Directivo.- 16.6. Cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas-legales generales que le compete y las resoluciones emanadas de las autoridades que ejercen el gobierno del sistema educativo.- 16.15. Remitir a la supervisión técnica, toda documentación que corresponda y/o recurso en Jerárquico presentado, en el término de siete (7) días hábiles de ingresada la misma.- 16.24. Suscribir la norma legal correspondiente a las decisiones del Consejo Directivo.”; el mismo fue quien dio parte y sometió a votación la moción propuesta y expresada por el Prof. Enrique Deniri, incumpliendo con su función de coordinar la orden del día y el desarrollo de lo programado para el Consejo Directivo sin siquiera haber iniciado claramente la actuación de dicho órgano, además tampoco al oír la moción y pensar en sus características y fundamentos normativos, si es que los tuviese, para someterla a votación, la decisión tomada incumple con las normas jurídicas y legales vigentes, sabiendo de antemano que las decisiones de Consejo Directivo lo hacen responsable directo por rubrica. En relación a la acreditación de los representantes estudiantiles en su condición de alumnos y la cantidad de espacios curriculares aprobados, como se menciona antes en la presente, en referencia a la nota que se adjunta, en reiteradas oportunidades se solicitó a la autoridad del Instituto se confeccionaran las constancias de alumno regular y materias aprobadas para acreditar ante el Consejo Directivo la calidad de los alumnos electos y si se ajustan a los requisitos normativos vigentes en la Resolución 1561/05, en varias oportunidades tras los reclamos manifestados el Vicerrector nos aseguró que mandaría hacer los mismos y nos entregaría o elevaría al Consejo Directivo, esto nunca sucedió, generándose ésta situación no por incumplimiento de nosotros alumnos, sino de los responsables institucionales sobre éstos trámites de alumnado que no son realizados, perjudicándonos a nosotros y a terceros, que serían los alumnos que libremente nos han elegido en elecciones estudiantiles para representarlos ante el gobierno colegiado de la institución y estando fuera de nuestro alcance a nivel personal la confección de dicha documentación, observándose dilaciones en el trámite correspondiente habiendo pasado más de un mes desde el inicio del período del corriente año en el cual hemos asumido nuestras funciones en el Consejo Directivo, sólo podemos suponer a observancia de la decisión del Consejo Directivo tomada el día de ayer de apartar e investigar a los alumnos “supuestos representantes estudiantiles” como nos mencionaron despectivamente, que ésta situación de falta de acreditación por parte del instituto es con intención de perjudicar a los representantes estudiantiles electos e implícitamente a los alumnos que representan democráticamente, sólo logrando así evitar la participación estudiantil en el Consejo Directivo, siendo éstas mismas ideas expresadas en reuniones anteriores por integrantes del Gobierno Colegiado, que además mantienen una enemistad manifiesta con por lo menos uno de los representantes estudiantiles electos para su segundo período ante el Consejo Directivo, es decir hacia el alumno Sr. Juan Pablo Seoane, por parte del Director de Carrera del Profesorado en Historia Sr. Prof. Enrique Deniri y el Coordinador del Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento y Extensión Sr. Prof. Daniel Pavón, con quienes en el año 2007 éste alumno tuvo pedido de sanción por parte del primero y pedido de expulsión por parte del segundo, promotores directos de la moción votada y decisión aprobada por el consejo Directivo que se denuncia en la presente. Por esto en relación a la acreditación que debe ser realizada y entregada por la sección de atención a alumnado debemos responsabilizar a la autoridad institucional correspondiente según la Resolución 1561/05 que expresa en su Art. 19º: “Son funciones del Vicerrector: 19.6. Asegurar el normal funcionamiento de la sección de atención al alumnado.- 19.7. Controlar los libros y la documentación reglamentaria referente a la situación de alumnos del establecimiento, siendo de su responsabilidad que los mismos estén actualizados, redactados y archivados correctamente.- 18.8. Contar con un registro permanente de la situación de los alumnos.- 19.9. Atender las situaciones de reclamos y problemas del alumnado.”; habiendo ya explicado cual es el problema real por el cual atravesamos que nos lleva a la situación que no se nos confeccionen las constancias de alumno regular y materias aprobadas por lo cual se pone en duda nuestra calidad de alumnos y solicitan removernos e investigarnos, situación en la cual no hemos tenido participación por verse fuera de nuestras atribuciones o funciones pero que insistentemente hemos solicitado y reclamado al Vicerrector sin recibir respuesta efectiva hasta la fecha, siendo éste uno de los factores fundamentales por el cual se puso en duda a los representantes estudiantiles y el Consejo Directivo voto afirmativamente a la moción del Prof. Enrique Deniri, es insólito a nuestro entender que se llegue a ésta situación y ni siquiera la autoridad institucional cumpla con sus funciones expresas en la normativa vigente dando como resultado la lamentable situación de encontrarnos hoy con la representación estudiantil en el gobierno del instituto negada por la negativa tácita a realizar y entregar la documentación solicitada por nosotros alumnos. Por parte de los Directores de Carrera presentes en la reunión de Consejo Directivo, aquí cuestionada en su decisión, creemos que también en su voto afirmativo y unánime existe un exceso, ya que dentro de sus funciones y participación normada en la Resolución 1561/05  en sus Artículos 50º y 51º, y tampoco se encuentra ningún tipo de fundamento legal o atribución para la decisión tomada, redundante agregar que consideramos que afecta la institucionalidad del gobierno colegiado y niega derechos establecidos de los alumnos que no deberían dejarse de lado por ningún motivo bajo la consigan de la participación democrática en la vida institucional por igual de Directivos, Docentes y Estudiantes establecida desde la promulgación y vigencia de la Resolución 1561/05, y que la presente actitud manifiesta en la decisión tomada por el Consejo Directivo del I.S.F.C.D. Nº 1 un retroceso inexplicable al negar la participación y acreditación como alumnos de los representantes estudiantiles electos libremente por sus pares. En referencia a la Secretaría, debemos mencionar que en oportunidades de reunión de Consejo Directivo la Secretaria del instituto que oficia de secretaria de actas en las reuniones negó la entrega de la nota que hemos adjuntado y por consiguiente aludía que por ello el Sr. Rector no había sido puesto al tanto de quienes eran los representantes estudiantiles electos y por consiguiente no sabría a quienes había que acreditar ante el Consejo Directivo, así mismo en la propia reunión de Consejo en la cual la Secretaría desconocía la presentación de nota realizada por el Tribunal Electoral Estudiantil y la copia fiel de las actas que dejaban constancia de las elecciones estudiantiles, le hemos mostrado en mano y con sello de recepción y número de mesa de entradas del instituto la nota a la cual aludimos, esto nos muestra nuevamente como se siguen sucediendo los errores institucionales e incumplimiento de las funciones asignadas normativamente por la Resolución 1561/05 en sus Art. 69º: “Son funciones de la Secretaría: a) Dar entrada y salida a toda documentación que ingrese en la institución y derivarla a donde corresponda.- b) Registrar y distribuir la documentación que se origina en la institución.”; Art. 70º: “La Secretaría tendrá dependencia directa del Rector.”; Art. 72º: “Son funciones del/a Secretario/a: a) Coordinar las tareas del sector administrativo y la dependencia del personal correspondiente, teniendo a su cargo la jefatura de los servicios administrativos y contables.- b) Asesorar al Consejo Directivo y al Rector en los asuntos administrativos.”; dicho incumplimiento de funciones no ha hecho más que agravar la situación de desmadejo habitual de documentación y tenemos serias dudas si la nota a la cual aludimos y adjuntamos en la presente no fue retenida indebidamente o extraviada por descuido, lamentado el hecho que si el aparato burocrático institucional hubiera funcionado correctamente y el personal asignado a tal funciones hubiera cumplido con lo consignado en la normativa vigente muy posiblemente no hubiéramos tenido que pasar por ésta actual lamentable situación en el ceno del gobierno colegiado del instituto. Se entiende que normativamente es función de la Bedelía según la Resolución 1561/05 en su Art. 73º: “La Bedelía estará integrada por el Bedel y los Preceptores. Son funciones de la Bedelía: b) Organizar  actualizar los legajos de los alumnos.- e) Confeccionar los certificados de estudios parciales y/o completos.”; pero al momento en que observamos las dilaciones de las autoridades del instituto de proveernos de las constancias que acreditasen nuestra condición de alumnos los preceptores manifestaron que las autoridades les comunicaron que se encargarían de ello y que no nos preocupáramos, encontrándose esto contemplado en la Resolución 1561/05 en su Art. 74º: “Bedelía tendrá dependencia directa del Vicerrector, o el Rector si la institución careciera de aquel.”; por ello aquí no hacemos responsable al personal de bedelía del trámite que aún no fue realizado a pesar de la insistencia y necesidad imperante de nuestro pedido, quedando ello bajo cargo y dependencia de la autoridad correspondiente normativamente. En relación de nosotros, alumnos del I.S.F.C.D. Nº 1 damos fe con la presente que contamos con el requisito del 50% de los espacios curriculares de la Carrera aprobados (Art. 52º Resolución 1561/05), que somos alumnos regulares del instituto (Art. 83º Resolución 1561/05), que la decisión tomada por el Consejo Directivo coarta el ejercicio de los derechos que tenemos como alumnos electos como representantes estudiantiles en el gobierno de la institución (Art. 90º Resolución 1561/05), que cumplimos con las obligaciones de los alumnos establecidas en la normativa vigente (Art. 92º Resolución 1561/05), que no hemos incumplido con la disciplina establecida en normativa vigente para ser sancionados motivo de la decisión del Consejo Directivo (Art. 93º Resolución 1561/05) y por ello encontramos totalmente errónea e improcedente normativamente la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo respecto de los representantes estudiantiles, que tal situación vivida y decisión del órgano colegiado debería ser entendida en última instancia a su necesidad imperante por parte de los miembros docentes del Consejo Directivo entonces en el marco de lo establecido en la Resolución en su Art. 140º: “Cualquier situación no prevista en la presente norma será resuelta por la Dirección General de Educación Superior.”.

                              TERCERO; en relación a la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, encontramos que la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo sobre la exclusión y negativa a la participación de los representantes estudiantiles electos y la conformación de una comisión investigadora por parte del mismo órgano colegiado, va en contra de lo establecido en ésta normativa educativa en sus Art. 11º: “Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles.”; Art. 122º:La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.”; Art. 123º: “El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se adecuarán a los niveles y modalidades: b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la experiencia escolar.- j) Desarrollar prácticas de mediación que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos.”; Art. 124º: “Los institutos de educación superior tendrán una gestión democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto institucional.”; Art. 126º: “Los/as alumnos/as tienen derecho a: b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática.- h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema.”; ésta decisión tomada por el Consejo coarta los derechos que expresa la normativa, respecto de asegurar nuestra participación democrática y libre en la institución educativa, a través de la representación estudiantil en el gobierno del instituto, al haber sido electo por nuestros pares con tal fin, ésta determinación del órgano colegiado del instituto quiebra el orden democrático establecido en las normativas vigentes para el gobierno y participación en el nivel superior de la educación argentina, significando la supresión de la participación estudiantil por los integrantes del Consejo Directivo responsables de tal decisión, un retroceso en las formas de gobierno participativo, inclusivo, comprometido y democráticamente elegido por parte de los alumnos, que a nuestro criterio tal medida y decisión hace peligrar la institucionalidad del instituto.

CUARTO; en correspondencia al Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes, observamos que la decisión tomada por parte del Consejo Directivo sobre la exclusión y negativa a la participación de los representantes estudiantiles electos y la conformación de una comisión investigadora por parte del mismo órgano colegiado, sumado a el modo (expuesto al principio de la presente) en que se desarrollo la reunión en la cual se todo dicha resolución, contraría lo establecido en ésta normativa legal en los siguientes artículos: Artículo 7º: “La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, con el menor daño posible a los derechos e intereses de los particulares.”; Artículo 11º: “Las circulares, las instrucciones generales y los reglamento internos, no obligan a los particulares salvo que la ley disponga lo contrario y mediare adecuada publicidad. En cualquier caso, si de su violación surgiese perjuicio para un particular, ello podrá ser invocado como causa de nulidad, si tuviese la entidad requerida por esta ley y en la forma por ella establecida.; la decisión del Consejo Directivo va en contra de utilizar un criterio de interpretación por el cual se garantice mejor que el gobierno colegiado del instituto cumpla con su fin público, ya que atenta contra la defensa de los intereses de los estudiantes al excluir a sus representantes electos democráticamente dañando implícitamente derechos e intereses de los alumnos en su conjunto. Además consideramos que ésta decisión del Consejo Directivo no se ajusta al ordenamiento normativo vigente e incumple en evidencia con varios de los requisitos esenciales de un acto ejecutorio, manifestando su “inexistencia jurídica”, la decisión tomada por el gobierno colegiado no tiene sustento normativo dentro de sus funciones y atribuciones, incumpliendo también como dejamos expuesto en la presente los procedimientos reglamentarios del ordenamiento jurídico vigente, sumado que por el tenor e implicancia de derechos subjetivos y legítimos de los alumnos que afecta la decisión, debería haberse previsto el asesoramiento jurídico correspondiente, sustentándose lo antedicho en los siguientes artículos del Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes a exponer: Artículo 91º: “Se considera acto ejecutorio al que reúna todos los requisitos esenciales previstos por la ley, aunque alguno o algunos de ellos estuviesen viciados.”; Artículo 92º: “Faltando uno o más de los requisitos esenciales previstos por la ley para la existencia del acto, se considerará a la actuación administrativa así cumplida, como jurídicamente inexistente.”; Artículo 93º: “Los actos ejecutorios deben emanar de órganos competentes según el orden normativo.”; Artículo 95º: “Deberá sustentarse en hechos y antecedentes que según la ley o el reglamento puedan ser causa para que la decisión sea tomada y en el derecho aplicable.”; Artículo 96º: “Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos constitucionales y legales previstos en esta u otras leyes reglamentarias y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico.”; Artículo 97º: “Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas, considérase necesario el dictamen previo del servicio permanente de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiese afectar derechos subjetivos o intereses legítimos.”. Cabe agregar que en la reunión de Consejo Directivo de ayer, en la cual fue tomada la decisión denunciada y cuestionada aquí, no se respetó en ningún momento (como expusimos al inicio de la presente) lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en los siguientes artículos: Artículo 98º: “Cuando el acto pudiese involucrar derechos subjetivos o legítimos de los particulares, ellos tendrán derecho al debido proceso adjetivo que comprende: a) El derecho a ser oídos y de exponer las razones de sus pretensiones o defensas, antes de la emisión del acto que se refiere a sus derechos subjetivos o legítimos; c) Derecho a ofrecer y producir pruebas, cuando ellas fueren pertinentes, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos, todo con el contralor de los interesados o sus representantes profesionales, quienes podrán presentar los alegatos y descargos una vez concluidos los procedimientos probatorios. Todo en la forma determinada en esta ley; d) Derecho de acceso al expediente en la forma determinada por la presente ley y en especial, a que bajo la responsabilidad del abogado matriculado, le sea prestado el expediente con excepción de las piezas que puedan considerarse esenciales y sean irreproducibles, de la que se le entregará copia en el caso y con las finalidades en que el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial prevé el préstamo de los expedientes judiciales. La Administración podrá obviar el préstamo del expediente original, entregando una copia certificada por funcionario competente. En todo caso en que el particular deba contestar vistas, traslados, requerimientos o trámites similares, o tenga derecho a plantear recursos, a su costa, se le podrá otorgar copia de las piezas que indique. El pedido de copia suspenderá automáticamente los plazos hasta que ellas sean puestas a disposición del interesado peticionante; e) Derecho a una decisión fundada y que el acto de decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes para la decisión del caso; g) A que se hagan las notificaciones en la forma determinada en esta ley.”; Artículo 99º: “El objeto respecto del cual el acto verse, y su contenido deben ser ciertos, claros, posibles y existentes física y jurídicamente, y precisos.”; Artículo 100º: “El acto debe decidir, certificar o registrar, todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento, pero puede involucrar otras no propuestas, en cuyo caso, si ello pudiese afectar a un administrado deberá previamente cumplir los requisitos del art. 98º.”; Artículo 101º: “El acto no puede contener resolución que: a) Esté prohibida por el orden normativo; c) Sea impreciso u oscuro; e) Contravenga en el caso particular disposiciones constitucionales, legislativas o sentencias judiciales. Tampoco podrá vulnerar el principio de irrevocabilidad del acto administrativo en la forma establecida por esta ley.”; Artículo 104º: “En todo caso, sea o no necesaria la motivación, si el acto impusiere o declarare obligaciones para el administrado, deberá indicarse, en forma concreta pero claramente individualizado, el lugar donde fue publicada, la norma general que da sustento a la obligación de que se trate. Si se tratase del Boletín Oficial de la Provincia, fecha de publicación y número del mismo; si fuese otra publicación, los datos que permitan su inmediata individualización en los registros oficiales.”; de ésta manera en la reunión de Consejo Directivo donde se tomó la decisión contraria a los representantes estudiantiles no se nos permitió expresar nuestra opinión por ser considerados inhibidos por parte del Presidente del órgano, el Sr. Rector, tampoco pudimos deliberar sobre la moción de orden y exposición de la misma dada por el Prof. Enrique Deniri por igual razón anterior, tampoco se tomó la decisión bajo fundamento normativo que sustentase la misma conteniendo vicios que dan prueba de su inexistencia jurídica ni fue notificada la decisión en legal forma por escrito, consideramos que la resolución tomada por la decisión del Consejo Directivo no está permitida por el ordenamiento jurídico vigente y contiene imprecisiones evidentes, además de contravenir derechos y garantías constitucionales antes expuestos. Entendemos por nuestra parte que la moción de orden y enunciación de la misma por parte del Sr. Prof. Enrique Deniri para ser sometida a votación en la reunión de Consejo del día de ayer, por ignorancia de la normativa vigente fue inducida al error y se obró con negligencia acorde a lo que establece el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en su Artículo 107º: “La voluntad del órgano administrativo no debe ser inducida a error, ni él puede obrar con dolo o negligencia.”; además los actos de los gobiernos colegiados como son establecidos normativamente en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes no fueron respetados, ya que no se observó como debería la deliberación y expresión de nuestra opinión al respecto, que fue prohibida por supuesta inhibición de los representantes estudiantiles del órgano, tampoco se nos permitió votar la moción para dejar constar nuestra negativa y motivación fundada, contraviniendo lo último expuesto ciertos artículos del Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes como ser: Artículo 110º: “Los actos de los órganos colegiados deben emitirse observando los principios de sesión, quórum y deliberación.”; Artículo 111º: “En ausencia de normas legales específicas supletoriamente, deberán observarse las siguientes reglas, para los actos mencionados en el artículo 110.- g) Ninguna decisión podrá ser adoptada por el órgano colegiado sin haber sometido la cuestión a la deliberación de sus miembros, otorgándosele razonable posibilidad de expresar su opinión; h) Los miembros podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que los funden. Cuando voten en contra y hagan constar su oposición motivada, quedaran exentos de las responsabilidades que puedan derivarse de las decisiones del órgano colegiado.”; Artículo 113º: “El acto ejecutorio se manifestará expresamente y por escrito. Sólo por excepción, si las circunstancias lo permitieran, podrá utilizarse una forma distinta.”; Artículo 120º: “Los actos ejecutorios deben ser emitidos para cumplir el fin de la norma que otorga competencia al órgano emisor sin poder perseguir con su dictado otros fines públicos o privados. Al fin principal del acto quedan subordinados los demás.”; Artículo 121º: “No se admite que se persiga un fin distinto que el querido por la ley aunque sólo se utilicen competencias legalmente otorgadas.”; Artículo 122º: “Es requisito esencial de legitimidad del acto administrativo que los agentes estatales, para adoptar una decisión, valoren razonablemente las circunstancias de hecho y derecho aplicables y dispongan lo que sea proporcionado al fin perseguido por el orden jurídico, atendiendo la causa que motiva el acto.”; Artículo 123º: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. La conformidad del acto con esta regla no jurídica, es necesaria para su legitimidad.”; Artículo 124º: “La discrecionalidad podrá darse incluso en ausencia de ley para el caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. Asimismo, siempre existirá control sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de los límites de discrecionalidad, en la forma establecida para el control de legitimidad.”; Artículo 125º: “La discrecionalidad está limitada por los derechos del particular cuando la potestad discrecional no tenga por objeto la limitación o reglamentación de los mismos.”; Artículo 126º: “Los actos administrativos deben ser notificados a los interesados. La publicación no suple la falta de notificación, salvo la excepciones establecidas en la ley.”; Artículo 128º: “La notificación se efectuará mediante el acceso directo de los interesados o sus representantes al expediente, dejándose constancia expresa de la notificación del acto pertinente o presentación espontánea del interesado, dándose por notificado del acto.”; Artículo 131º: “Las notificaciones se diligenciarán dentro de los diez días computados a partir del día siguiente al de la sanción del acto.”; Artículo 132º: “Al practicarse la notificación se indicarán los recursos de que puede ser objeto el acto, y el plazo dentro del cual los mismos deben articularse.”; Artículo 138º: “La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad.”; Artículo 139º: “La ejecución debe hacerse preceder de intimación formal, salvo caso de urgencia. La intimación contendrá el requerimiento de cumplir, clara enunciación de lo requerido y comunicación del medio coercitivo aplicable en caso de desobediencia, que no podrá ser más de uno, y un plazo prudencial para cumplir. Las intimaciones pueden notificarse con el acto principal o separadamente.”. Solicitamos que ante todo lo expuesto en la presente se considere lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en su Artículo 143º: “La Administración podrá de oficio, o a petición de parte, mediante resolución fundada, suspender la ejecución de un acto administrativo, por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al interesado o daño de imposible o difícil reparación o cuando se alegare fundadamente una causa de nulidad.”; consideramos que una de las mejores opciones es la suspensión de la ejecución del acto, ante la gravedad de los perjuicios que causaría la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta además la inconstitucionalidad del acto aquí planteada por nosotros observar el Artículo 144º: “En los casos en que la Constitución o la ley otorguen ejecutoriedad impropia al acto, será requisito esencial para disponer el cumplimiento que se acredite: a) Que se haya cumplido con el requisito del artículo 104; b) Que esté cumplida la notificación; c) Que se haya hecho conocer lo establecido en el artículo 132; d) Que esté acreditado que no haya pendiente plazo de interposición de recurso con efecto suspensivo interpuesto, o que si fue interpuesto, esté pendiente de resolución.”; sosteniendo por nuestra exposición presente que de darse la aplicación de la decisión del gobierno colegiado del día de ayer se contravendría el Artículo 146º: “No procede la ejecución del acto jurídicamente inexistente, y la misma de darse, constituye abuso de autoridad. En ese caso bajo su responsabilidad, el particular puede resistir la ejecución del acto.”; Artículo 137º: “EL acto ejecutorio goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiere resultar a ponerlo en práctica por sus propios medios, salvo los casos previstos en la Constitución o la ley; e impide que los recursos que interpongan los administrados sus pendan su ejecución y efectos, salvo que norma expresa establezca lo contrario y en los casos del art. 98, Inc. f), 138 y artículos 104, 132 y 133.”; Artículo 148º: “La Administración se abstendrá de: a) Ejecutar el acto a que se refiere el artículo 92; b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo, de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de la ejecutoriedad de aquél o que habiéndose resuelto no hubiere sido notificado.”; esto implicaría por su inexistencia jurídica aquí denunciada un abuso de autoridad y agregamos que a pesar de considerarlo tal no pretendemos resistir a la ejecución del acto en modo de respetar la institucionalidad que deseamos a través de la presente salvaguardar. Así también, la decisión tomada por el Consejo Directivo, considerando todo lo expuesto antes en la presente, creemos que el acto contiene vicios que afectan los requisitos normativos esenciales, siendo esto causa de nulidad e inexistencia jurídica del mismo al encontrarse la resolución tomada por el gobierno colegiado del instituto en contravención de los establecido en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en los siguientes artículos: Artículo 169º: “Es causa de extinción del acto administrativo ejecutorio, con las excepciones previstas en la ley, que él contenga vicios que afecten los requisitos mencionados en ésta o en otra ley, o en los reglamentos que en su consecuencia se dicten.”; Artículo 170º “Las consecuencias jurídicas de los vicios en que se incurra en un acto ejecutorio se gradúan según su gravedad en: a) anulabilidad; b) nulidad.”; Artículo 174º: “El acto jurídicamente inexistente a que se refiere el artículo 92, no requiere para que no produzca efecto, declaración alguna. Sin embargo, a petición de particular de oficio, deberá dictarse acto declaratorio de su inexistencia jurídica para evitar confusiones en el orden normativo.”; Artículo 175º: “Son vicios graves, causante de nulidad: a) Si el acta adolece de incompetencia por haberse ejercido funciones de índole administrativa de otros órganos; b) Si el acto es dictado por órgano incompetente en razón del grado, en los casos en que la competencia ha sido legítimamente concedida, pero el órgano se excede manifiestamente en la misma; c) Si es dictado, sin haberse obtenido en su caso la previa autorización de otro órgano, siendo ella necesaria; d) Si es ejecución de un acto no aprobado, siendo la aprobación exigida; e) Si transgrede prohibición de un mandato expreso de normas legales, reglamentarias o sentencias judiciales; f) Si está en discordancia manifiesta con la situación prevista como causa de hecho para el acto dictado, por el orden normativo; h) Si es dictado por error esencial del agente; l) Si no se ha cumplido regularmente el requisito de la convocatoria; ll) Si el objeto o el contenido son, imposibles de determinar o de cumplir de hecho; m) Cuando se ha dictado omitiendo algunas de las etapas esenciales que hacen a la garantía de la defensa;”; Artículo 187º: “Se considerará jurídicamente inexistente acto, cuando: c) Si adolece de incompetencia total; d) Si carece de firma del agente que lo emite; e) O de otra forma que sea sacramentalmente requerida; f) Le faltare algún otro requisito esencial si no estuviere contemplado en los artículos 175 o 176;”; Artículo 188º: “El acto jurídicamente inexistente: a) Carece de presunción de legitimidad y de ejecutoriedad; b) Los particulares no está obligados a cumplirlos y los agentes tienen el derecho y el deber de no cumplirlos ni ejecutarlos; c) La declaración de su inexistencia jurídica produce efectos retroactivos; d) La acción para impugnarlos es imprescriptible y no existe a su respecto, plazo de caducidad.”; Artículo 180º: “En los supuestos de los artículos 175 y 176 tendrá en cuenta la gravedad del vicio para determinar la sanción, prevaleciendo dicha circunstancia en la forma establecida en los artículos 171 y 172 aún si  el hecho estuviese nominado con consecuencia distinta a la que corresponde en razón de su gravedad en los artículos mencionados en primer término.”; considerando por nuestra parte que de la aplicación del acto como aquí denunciamos sería causa de la necesidad de la aplicación de sanciones a los responsables de la ejecución y decisión tomada en el marco de la actuación del gobierno colegiado como se establece en el último artículo expuesto antes.

                              Sin más que agregar, esperando haber expuesto en su totalidad a lo largo de la presente nuestra posición respecto de la decisión denunciada en relación a la normativa vigente, esperamos que estando Ud. en conocimiento, intervenga a la brevedad para reestablecer la institucionalidad del gobierno colegiado del Instituto de Formación y Capacitación Docente Nº 1 revirtiéndose así la lamentable situación actual por la que atravesamos. Agradecemos por su atención y lo saludamos de nuestra mayor consideración, los representantes estudiantiles electos para el Consejo Directivo del período 2009. 
 

                              Expediente: Nº 330-18-03-112/09 

                              Presentado: 18/03/09 

                              Dirección General de Educación Superior

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Documento 3

Enlace permanente 21 de Febrero, 2009, 12:12

Presentación al Primer Congreso de

Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales 

Sindicatos, Acción Colectiva y configuración identitaria

Corrientes entre octubre de 1998 y abril de 1999 

Area Temática: Sindicalismo y luchas socio-sindicales 
 

  Aldo Nicolás Avellaneda

sashadam81@gmail.com

CES – UNNE 
 
 

Presentación 

La provincia de Corrientes vivió desde finales de 1998 y a lo largo de todo el año de 1999 conflictos que, si bien comenzaron siendo reivindicaciones salariales, pronto se extendieron hasta abarcar un amplio espectro de demandas. Desde el pedido concreto de subvenciones a algunos productores agrícolas que habían perdido sus cosechas a causa de las inundaciones, hasta el reclamo generalizado para frenar la “corrupción”, numerosos grupos de correntinos se manifestaron de diversas formas, en distintas partes de la provincia, para hacer oír sus reclamos.  Si bien las manifestaciones habían comenzado en agosto – septiembre de 1998, no fue sino hasta finales de ese  año que los reclamos comenzaron a ser encauzados por vías más o menos comunes. Dentro de este escenario de protestas sociales, surgieron los denominados “autoconvocados”, un conjunto de personas (en principio docentes, particularmente de las escuelas de la capital correntina) que realizaban diversas medidas de fuerza (que incluían la retención laboral, el paro y las movilizaciones) en las cuales el denominador común era el accionar por fuera de las entidades sindicales. Pronto las distintas reparticiones gubernamentales comenzaron a tomar medidas similares, con lo cual esta denominación se hizo extensiva a gran parte de ese “encadenamiento de protestas”  que se llevó a cabo, lo repetimos, desde fines del año 1998 hasta diciembre del año siguiente.

Ya para finales del ´99 la llamada “crisis de Corrientes” (y dentro de esta, la expresión “autoconvocados”) daba lugar a un determinado cúmulo de  experiencias  históricas (junto a  sus  formas de narrarlas) y era incluida de forma recurrente – dando pruebas de su carácter narrable – en los medios gráficos correntinos. El protagonismo de los actores demandantes, sean los sindicatos o los Autoconvocados, fue cobrando cada vez más importancia hasta relacionarse con un amplio campo de movimientos sociales desatados en varios puntos de la provincia, y con una relevancia que, aunque oscilante, tuvo momentos de una trascendencia inusitada.

Ahora bien,en relación a los numerosos estudios de que ha sido objeto el movimiento de autoconvocados en la crisis correntina de 1999, las posiciones adoptadas por los sindicatos en el periodo precedente no han corrido con la misma suerte. No solamente no existen estudios en torno a su papel respecto de la crisis, sino que los estudios sobre autoconvocados omiten por lo general la importancia de aquellos en la génesis de estos,  olvidando el caso de que la autoconvocatoria se dio en un marco socio-histórico particular, y que no solamente resulta poco comprensible si se la mira desde la mera irrupción de su praxis, sino que al mismo tiempo se corre el riesgo de convertirla en una creación académica ex nihilo.                   

Todo esto llama más aun la atención si tenemos en cuenta que la participación del movimiento sindical en la vida social de la provincia así como su representación (que era, como puede suponerse, exclusivamente gremial, a diferencia del sistema de representación directa a través de elecciones en los procesos asamblearios que tenía el movimiento de los autoconvocados) su inscripción en el espacio público  (unos por fuera de los canales institucionales, otros por dentro) sumados al carácter masivo y amplio de las convocatorias, tuvo una injerencia fundamental en la constitución del movimiento posterior.

       

- El discurso sindical en este abordaje. Contexto del estudio y periodización general 

El terreno en el que aquí se entiende el concepto de identidad es el terreno político. Hablamos de identidades políticas como marcos experienciales a la vez que imaginaros de sentido que suponen un posicionamiento respecto de las estructuras que institucionalizan lo social, las estructuras de la política. Estos marcos e imaginarios no están sino plasmados en todo momento en la constitución siempre relacional del proceso identificatorio. Una identidad no es un elemento positivo que nace de sí misma sino que es un diferencial. Su compleja constitución es contextual y a la vez histórica, por ello su estudio es sincrónico y diacrónico.

Las nombramos a su vez como identidades populares por dos motivos que pueden entenderse como dos caras de la misma moneda: el primero, por la posición teórica que asumimos. Lejos de ver al populismo como una distorsión del ejercicio legítimo del quehacer político, lo entendemos como una discursividad política particular, asentada en una matriz comunicacional que tiene como uno de sus elementos constitutivos la intervención de ciertos sectores – por fuera de los dispositivos democráticos clásicos – en el cuestionamiento de las estructuras básicas que institucionalizan lo social.

El segundo motivo refiere, en cambio,  al objeto histórico. Las particularidades del discurso sindical así como el de los denominados Autoconvocados nos exponen ante la puesta en escena de unas prácticas de recorte y clasificación de sí mismos, de la crisis que viven, y del otro con el que confrontan, disponiendo los terrenos para el antagonismo y la dicotomización del espacio social.

Lo que se presupone en ambos casos no es sino un único y mismo punto: la apropiación del quehacer político, en un sentido crítico-propositivo, por parte de sujetos que normalmente están representados y que, afirmándose en una lógica discursiva particular, toman partido, se posicionan.

Respecto de las instancias particulares de la situación política en Corrientes, la constitución tropológica de las identidades  la hemos estudiado tomando como ejes los siguientes factores a) un sistema institucional incapaz de dar cuenta de una serie de demandas, b) la estructuración de tales demandas en torno a su lugar de exclusión respecto del sistema, c) la conformación de una cadena equivalencial de demandas y d) el surgimiento de cierta entidad simbólico-discursiva que ya no representa las demandas sino el lazo equivalencial como tal.

Con estos elementos hemos identificado tres lógicas diferentes que, actuando de manera consecutiva a lo largo del conflicto, supusieron límites distintivos en cuanto a la configuración simbólica de grupo de pertenencia así como posicionamientos claramente diferenciables (hasta encontrados).

El periodo que tiene como protagonista el movimiento sindical, y en el que aquí nos detendremos, está dominado por una Lógica de la Reagregación. Con ella nombramos un periodo de seis meses aproximadamente (de octubre de 1998 a abril de 1999) en el que, como características centrales tenemos, a) la mayoría de las demandas fueron vehiculizadas por las entidades sindicales, b) se produce la emergencia de la crisis como objeto discursivo, crisis que es recortada en un primer momento en el plano dual económico – moral (con mayor peso del primero sobre el segundo, cuestión que se invertirá con Autoconvocados), c) existe una clara heterogeneidad socio-discursiva, es decir, dentro del ecosistema discursivo sindical se observa la presencia de una pluralidad de actores, d) no existe una isotopía semántica entre los objetos crisis y nosotros, la extensión de aquella excede – fundamentalmente por su atributo moral – a la constitución identitaria de este Nosotros (Nosotros Trabajadores), y, finalmente la que podría ser la característica específica de esta lógica, e) se produce la acumulación de puntos dislocatorios, una combinatoria horizontal de demandas  que, aunque ceñida aun a ciertos planos del conflicto, no solamente no pudo ser absorbida por el gobierno del Partido Nuevo (siquiera diferencialmente) sino que preparó el camino para la siguiente lógica identitaria al homogeneizar un cúmulo notablemente alto de demandas sobre el hecho de su insatisfacción.

Esto fue logrado principalmente por cuestiones de ingeniería gremial, al conformarse de una Multisectorial sindical a comienzos de noviembre de 1998, así como por la capacidad de cada entidad sindical de sostener promedios altos de movilización al dar cuenta de demandas que excedían su ámbito de acción específico, tal como lo demuestra el siguiente párrafo referido a las demandas a fines del '98. 

“ 1) El pago del aguinaldo de Julio y el sueldo de noviembre del ´98; 2) La normalización de la obra social (IOSCOR); 3) El cese de intervenciones a los organismos autárquicos; 4) La reincorporación de empleados de IPS y de la Lotería provincial que habían quedado en la calle; 5) cumplimiento del Estatuto Docente y; 6) créditos de honor a los pequeños productores afectados por las inundaciones”. (Sanchez, 2000: 13) 

A esta le sigue el periodo de emergencia y mayor vigor de los autoconvocados, periodo que va entre los meses de mayo y agosto de 1999 y que hemos denominado Lógica de la Hegemonía atendiendo a su característica distintiva: es con este movimiento y en estos meses en el que se produce la emergencia del Pueblo, se pasa de una lógica de mera combinación horizontal de las demandas a una lógica de la sustitución de esta combinatoria por un significante central que la representa. Autoconvocados a su vez, asume la representación de un Universal. La emergencia del Pueblo como actor político central en este periodo se encuentra relacionado con a) una operación hegemónica, ya que refiere precisamente al pasaje de atribuciones particulares (unas representaciones acerca del hacer, del padecer, y del saber) a su representación universal y b) un desplazamiento de todo carácter institucional de los reclamos. Desde allí se reacomoda el tablero dicotomizando el espacio social (a diferencia de la heterogeneidad de posiciones de las que hablábamos en la lógica anterior).

La categoría central del nosotros se diluye, se produce el pasaje de los trabajadores a los autoconvocados, con lo cual se reorientan los planos de extensión de la subjetividad (y en esto también entran la dispersión e inclusividad en este periodo vehiculizadas).

Por su parte, la crisis pierde los restos de la regionalidad que le quedaban aun de la lógica anterior, siendo homologada al partido de gobierno. El PaNu pasó a ser otra forma de nombrar la crisis, era lo que estaba más allá de la frontera política que dividía lo social. La construcción discursiva de la posición Partido de Gobierno en un espacio antagónico no significaba algún tipo de condensación de las demandas hacia esta figura, sino su no representación en el espacio discursivo elaborado desde Autoconvocados, su caracterización como lo Otro que lo negaba en tanto que Pueblo.

Una diferencia fundamental con el periodo anterior es que mientras que en aquél se pudo conformar una cadena de demandas dirigidas hacia el poder, con lo cual implícitamente, todavía se legitimaba su existencia, esta segunda lógica identitaria se construye precisamente gracias a su negación de las relaciones de poder existentes. En ambos periodos, el tipo de actores respondían a un mismo estrato poblacional, sin embargo, la manera en como totalizaron su experiencia política, fue diametralmente diferente. Con la emergencia de Autoconvocados las demandas ya no se dirigían hacia el Estado, era el Estado el principal objeto de demanda, de insatisfacción.

Se puede observar el grado de deslizamiento metonímico de un significado particular a través de una serie cada vez más grande de demandas y la identificación de ciertos sectores con algunos significantes clave. “Dignidad” pasó a ser el significante bajo el cual se construyeron como equivalentes demandas tan diversas como la del hospital público y gratuito o la de los créditos de honor de los productores afectados por las inundaciones, y “autoconvocados” pasó a institucionalizar /legitimar la utilización de este significante  para un colectivo más o menos homogéneo y delimitable.

Existe, por último, un tercer momento en que el cumplimiento de algunas de las demandas revela el carácter contingente de la identidad en cuestión (de las identificaciones de los diversos sectores en un mismo punto). Para la descripción de este periodo,  que abarca los meses de septiembre a diciembre de 1999, hemos utilizado la denominación de Lógica de los Pliegues, tratando de nombrar con ella el retraimiento del tipo de subjetividad operante, volvemos de una subjetividad popular a una subjetividad democrática.

Al caer el PaNu, al asumir la Coalición, el significante “Dignidad” – en tanto significante vacío que contenía infinidad de contenidos particulares – comienza a perder vacuidad. “Dignidad” comienza a vincularse con demandas más “concretas”, que no fueron reencauzadas en un marco tal que justifique las equivalencias que se habían construido en el periodo anterior. Esta característica al interior de la formación discursiva esta relacionada con la disminución del grado de inclusividad del Nosotros.

Justamente, dos características de la lógica anterior  que permiten entender este pasaje

            a- la amplitud de la cadena de demandas si por un lado permitió la conformación de una identidad popular, también representaba sus limitaciones  ya que esta se hizo cada vez más y más inestable debido a la heterogeneidad de contenidos que debía dar cuenta, y

            b- lo anterior implicaba a su vez  que la extensión del terreno que abarcaba la metáfora “Autoconvocados” (en relación directa a la reutilización de una cierta imagen del “Pueblo”) hizo cada vez más difícil lograr una articulación en el terreno político – institucional.

Si antes y después de la caída del PaNu seguían trabajando las mismas demandas, sin el Otro que posibilitaba la equivalencia de estas, la identidad de Autoconvocados, su lógica discursiva particular (su régimen de equivalencias salarios - corrupción - PaNu) se vio dislocada. Ergo, Autoconvocados comenzó a tener dificultades para reagregarse metafóricamente, para buscar algún elemento cuya heterogeneidad permita la continuidad de las equivalencias. La subversión de estas por las diferencias, el carácter cada vez más restrictivo del Nosotros al que se aludió, pueden ser entendidos como algunos de los factores del eclipse del Pueblo en sus notas más particulares: demandas específicas comienzan a operar por sí mismas, por fuera de la cadena de demandas que se había construido en el periodo anterior, y, de acuerdo al tipo de subjetividad involucrado, pasamos de un sujeto popular a un sujeto democrático. 

Tiempo I. Octubre / Noviembre de 1998 

Los trabajadores y la dirigencia. Dos formas de nombrar al Nosotros

La posición de sujeto dirigencia sindical resultó a lo largo de todo el periodo dominado por la primera lógica el núcleo del nosotros exclusivo más excluyente, la forma de identificación primaria en el discurso sindical. Estaba constituído por  un conjunto de atribuciones que daban cuenta de un cúmulo de saberes y actividades  orientados en su mayor parte a reclamar a unos los derechos de sí mismos (caso del nosotros exclusivo e inclusivo) o de otros (caso de ellos genérico) se encuentran en uno de los polos de mayor actividad. Si bien también esta posición refiere, en relación al objeto crisis, a una función semántica de paciente, su disposición ante dicho objeto (el tipo de atributos al que se hizo referencia) y su relación con las demás posiciones dentro del objeto Nosotros, la sitúan en uno de los lugares de mayor actividad en este periodo. A diferencia de esto, las posiciones en el Nosotros inclusivo estuvieron signadas por un carácter de menor actividad ante la crisis.

De las posiciones en el Nosotros Inclusivo, Pueblo y Trabajadores, es a esta última a la que le corresponde un mayor grado de actividad. Si bien la crisis avanza sobre ellos, tal posición se construye alrededor de una gama de atributos deóntico - pragmáticos  que le permiten de alguna manera enfrentarla (posibilidad ligada fundamentalmente a la relación entre los trabajadores y la dirigencia). La posición Pueblo, por su parte, se levanta con mayor peso sobre atributos de tipo deónticos. La imagen de “un pueblo que quiere ponerse de pie” más que un registro volitivo o pragmático funciona como un recurso moral. 

Ellos: Los espectadores

A diferencia de la posición de sujeto Trabajadores, posición dotada de un fuerte agenciamiento, las posiciones sociedad, gente y pueblo1 no estaban integrados en este periodo al colectivo de pertenencia más activo, aunque sí pesaban sobre ellos los atributos de la crisis (estaban incluidos en el dominio general de sus efectos).

En cuanto a la Sociedad, esta era entendida como el conjunto de los sectores sociales, sin mayores especificaciones sobre los límites a la idea de “sector” ni a la idea contenida en lo “social”. Algo que sí permite entrever esta definición es un efecto de referencia a la población desde el plano de sus instituciones, es decir, la sociedad en tanto anclada objetivamente en lo institucional. En cuanto al pueblo, su aparición, posición y características generales en el discurso sindical, posee similitudes con respecto al referente sociedad, fundamentalmente en lo atinente de la idea de un colectivo cerrado. Sin embargo se apela en este caso a elementos simbólico – tradicionales compartidos, desde este lugar esa es la mancha de aceite que permea lo social y que permite entenderlo como una unidad2.

Por otra parte, de la misma manera que en las posiciones sociedad y gente, su construcción evade explícitamente la especificación de algún sector de la totalidad social. Ya no se trata, como diría Laclau de “actores sociales que poseen una ubicación social particular”, sino de la totalidad misma, aunque medida con diferentes varas.

La relevancia a este ellos en el régimen discursivo sindical constituido a finales de noviembre es  muy débil, si tenemos en cuenta tales atribuciones o las características de inclusión dentro del marco de la crisis. Tanto la sociedad, como el pueblo o la gente, si bien funcionaron como elementos internos en el dominio de los efectos de la crisis, se suspenden sobre la ausencia de atribuciones positivas en términos epistémicos, deónticos o pragmáticos, lo que hace de ellos unos espectadores sino de la crisis, al menos de la lucha - incipiente-   que se estaba llevando a cabo por superarla.

Por ello, en este periodo no existen espacios, dentro de la formación discursiva sindical, para la presencia activa de aquellos colectivos de mayor extensión que los trabajadores. Las posiciones correspondientes al ellos genérico se encuentran en el terreno de menor actividad en el conjunto de los actores intervinientes.

Tal vez la nota distintiva de la acción de los sindicatos en este periodo sea la lectura del proceso de cesación de pagos y de otros problemas no relacionadas a éste como una crisis de carácter provincial. Con ello se produjo la subsunción de los problemas aislados bajo un diagnóstico generalizador y homogeneizante. Esta crisis fue constantemente reagrupada, alineada, sobre la negatividad de las atribuciones de tipo deónticas, epistémicas y pragmáticas de aquellas posiciones ubicadas en el Ellos Particular, es decir de aquellos lugares desde los que se tomaban distancias. Por ello la crisis no es solamente económica, sino también moral e institucional, suturada al mismo régimen de atributos que impregna aquellas posiciones. 

Sintagmas nominales que delimitan un cierto tipo de crisis, como “impunidad”  o “peor crisis moral”  se alternan con otros del tipo “la profunda crisis que atraviesa la Provincia en sectores clave de su estructura” o “todos los días a cada hora del día hay un desocupado más en Corrientes, se van cerrando comercios, fuentes de trabajo, y la mejor muestra es cuando nos vamos a los supermercados y todos los meses encontramos caras nuevas” ; aunque estos diferentes recortes también coexisten en un mismo sintagma, como en los casos “crisis moral y económica de la provincia lastima y lesiona los derechos de todos los habitantes”  “crisis moral que atraviesa la Provincia y que hoy llegó a fines insospechados… la crisis moral provocó la crisis económica, social y financiera” (…).

Sobre esta doble acentuación del objeto, económica y moral, fueron ubicándose las distintas posiciones de sujeto en la formación discursiva sindical. Es el caso del lugar en el que quedaba ubicado el Gobvierno provincial, pues existía una fuertesimilitud entre los atributos de tipo deónticos que – entre otros – construyen el objeto crisis, y el tipo de atributos predominante en las posiciones de sujeto ubicadas en el Ellos Particular.   

Los lugares de la exclusión

la regularidad en las atribuciones hechas respecto de las posiciones Gobierno, gobernantes, gobernador o intendente, permiten dar cuenta de otro tipo de pasividad, que puede ser entendida como una cierta actividad que es rechazada desde el discurso sindical. El rechazo al Estado - su construcción como Ellos Particular - se deriva entonces de su “pasividad culpable” ante la crisis por el no ejercicio de sus deberes. En este sentido, el gobierno no está gobernando.

Las demandas

Se pueden observar tres grados distintos de inclusividad en el espectro de demandas efectuadas durante los meses de octubre y noviembre de 1998. Esto no anula, sin embargo, el hecho de que buena parte de ellas se encuentran en un grado más bien local de inclusión. Es decir, encuentran su ubicación en el espacio que media entre el Nosotros Exclusivo e Inclusivo.

Las demandas por el fondo de financiamiento docente, concursos de ingreso a la docencia, la regularización del Consejo General de Educación, la realización de descuentos por parte de las farmacias a los Jubilados, la habilitación para que los directores de las escuelas puedan nombrar suplentes, el fin del ajuste en el sector docente, por recuperar la obra social de los municipales, etc., son demandas cuya inclusividad se agota en la posición de sujeto Trabajadores (Rama Laboral) una de las posiciones incluidas en el Nosotros exclusivo.

Por su parte, las demandas por la regularización del Ioscor y del Instituto de Previsión Social, además de la normalización de los entes autárquicos, los salarios congelados y su falta de pago, las presiones de los entes recaudadores para abonar los impuestos, etc., se encuentran dispuestas sobre un nivel de inclusividad mayor, pues su expansión alcanza a la posición Trabajadores Estatales, una de las dos posiciones incluidas en el Nosotros Inclusivo.

Por último, demandas por hospitales gratuitos, por la baja en la mortalidad infantil, el respeto debido a las instituciones, por la corrupción y la impunidad, son demandas que exceden las anteriores posiciones, suponiendo un grado de inclusividad mucho mayor, pues permite que se homologuen las posiciones del Ellos Genérico a las incluidas en el objeto Nosotros.

Si bien no existe un régimen de continuidad por el cual de las demandas menos inclusivas se haya pasado a otras de mayor inclusividad (en realidad, como puede apreciarse en el cuadro, en un mismo periodo, más aún, en un mismo enunciado coexisten demandas de distinto grado de inclusividad) con el correr del conflicto fueron estas últimas las que posibilitaron  la emergencia del proceso por el cual, y en términos de Laclau, “las peticiones se van convirtiendo en reclamos”. 

Tiempo II. Marzo / Abril de 1999 

En el transcurso del periodo comprendido entre los meses de marzo y abril de 1999, la percepción de la crisis como una situación que excede definitivamente los problemas económico – financieros que atraviesa la Provincia posibilita un fenómeno paradojal: a la vez que habilita un mayor rango de acción al movimiento sindical,  permite que la posición de sujeto Trabajadores Estatales vaya perdiendo centralidad en el mismo discurso de las entidades gremiales, precisamente por el carácter global le crisis. A medida que avanza el conflicto y debido al perfil sobre el que se recorta  la crisis, se produce su desplazamiento para situarse como una de las posiciones “afectadas” por ella.

En un documento de la CTA de finales de abril se recorta esta posición sobre la especificidad aludida. 

La marcha Multisectorial es convocada por la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, ATE, SITRAJ, SUTECO, Unión de Jubilados, Trabajadores desocupados, Vecinos Autoconvocados, la Asociación Correntina de Docentes Autoconvocados, ACDP, AMET, MUD, el Sindicato Argentino de Docentes Privados SADOP, el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias y diversos partidos políticos. Es una marcha de toda la sociedad en defensa de la dignidad de los correntinos. 

Por medio de esta estrategia discursiva, lo que en otro momento pudo considerarse como un exterior de la discursividad sindical comienza a ser incluido debido al carácter borroso de la frontera, al comienzo de su desplazamiento debido a que la crisis es leída en un nuevo registro. Aquí tenemos el todo como sujeto de acción y ya no los trabajadores, sino “la dignidad de los correntinos” como tema afectado, ya que la lucha se realiza en sus defensa.

Al dejar definitivamente su carácter regional, la crisis ya no distingue posiciones al interior del espacio social correntino. En consonancia con esto, desde el discurso sindical se va a ver en las posiciones Pueblo y Sociedad la fuente de reservas morales. De manera mucho más explícita, aquel es reconocido como entidad legítima, como interlocutor válido y necesario para la restauración de la normalidad. Sin embargo, el tipo de inclusión de estas posiciones no va más allá de lo que permiten los modos de agenciamiento específicos definidos por los atributos deóntico – afectivos bajo los cuales se las caracteriza. En este sentido, los enunciados referidos a la solidaridad y reacción del Pueblo o la Sociedad al mismo tiempo que los recortan como actores específicos dentro del conflicto, proponen límites definidos a su acción.

Por otra parte, la posición Dirigencia cobra en este periodo mayores valores de agenciamiento por los cuales se la puede diferenciar con mayor nitidez del resto de las posiciones en el objeto Nosotros. Esta posición se define a partir de sus facultades organizativas, que lo presentan como un actor que verbaliza y reflexiona, decide y deja decidir.

Precisamente, éste es otro factor por el cual la isotopía semántica pierde el carácter regional que tenía en Tiempo I, posibilitando la inclusión de mayores enunciados dentro del mismo campo semántico (formación discursiva). El caso de la distinción entre las posiciones discursivas al interior del Nosotros Exclusivo es un ejemplo de ello. Los “Docentes” (nominativo incluido dentro de la posición Trabajadores – Rama Laboral) son construidos como “Ellos” por medio de su identificación con lexemas ubicados al interior del campo semántico propio del Ellos Particular (“amiguismo”, “satisfacción personal”, “prebendas”, etc.). De esta manera, aquello que posibilita la equivalencia entre las posiciones Trabajadores Estatales y Pueblo o Sociedad, posibilita la diferencia entre las posiciones Dirigencia y Trabajadores (Rama Laboral). Sucede entonces que aun dentro del primer tipo de equivalencia se evidencia la existencia de la misma frontera que permite la cercanía de las posiciones del Nosotros Inclusivo y del Ellos Genérico.

Se homogenizan las posiciones en torno a una misma línea de demanrcación. La crisis se transforma en el criterio ordenador de las distintas posiciones de sujeto. Tal criterio – verdadera frontera política a esta altura – refiere por un lado, a la identificación explícita del Gobierno como agente de la crisis, y por otro, al manejo arbitrario de aquél por parte de la posición Intendente.

En este periodo se termina de reelaborar el conjunto de hechos que pasarán a formar parte de los antecedentes de la crisis. Se va a proponer un recorrido que por lo general tendrá su anclaje en el Gobierno anterior, con el poder ejecutivo a cargo de Romero Feris. A través de la identificación de la crisis con el Partido Nuevo comienzan a emerger alternativas que serán contradictorias con la presencia de este último.  Así, en el enunciado “para superar la gravísima situación es necesario la construcción de otro modelo de provincia”  la referencia oculta a lo mismo implica ya que el modelo de relación que se propone entre la crisis y el gobierno encaja sobre sus partes.

Sin embargo, la construcción heterogénea de las posiciones Gobernador y Gobierno – y esta es otra de las tensiones presentes en la formación discursiva sindical – no supone aun un oposición frontal. Gran parte de los enunciados que proponen marcos descriptivos desde donde leer la crisis, tras exponer el carácter heterónomo de aquellas con respecto a la posición discursiva Intendente, suponen – por medio de distintas formas de agenciamientos posibles – una hipotética resolución del conflicto aun desde estas dos posiciones.

Con respecto a las demandas, si bien las de mayor dispersión continúan siendo las demandas por salarios y la normalización de las instituciones, estas se ven acompañadas por otras de mayor inclusividad (“basta de autoritarismo”, de “impunidad”, “¡Justicia!”, etc.).

La homologación discursiva de las distintas posiciones de sujeto y su distanciamiento respecto de las posiciones del Ellos Particular está relacionada con el mayor nivel de articulación de demandas en este periodo. 

Conclusiones. Interrogantes de re-apertura.  

El discurso sindical elaboró sus marcos de referencia colectiva en base a la coyuntura específica de cada momento. Las características del  Nosotros que emanan de este discurso entre los meses de octubre y noviembre de 1998 son muy diferentes a aquellas que se pueden individualizar ya sobre los meses de marzo y abril del año siguiente. La profundización de la crisis fue seguida desde el discurso sindical por una reestructuración de su identidad como colectivo, expandiendo las fronteras en donde se juegan los procesos de inclusión / exclusión del Nosotros como objeto discursivo homogéneo y delimitable.

La focalización del Ellos Particular fue otra de las constantes en el periodo. La individualización del Intendente como figura responsable de la crisis permite una correspondencia de posiciones adversas, inclusive la posición del Gobernador, cuya figura no termina de ser descartada desde el discurso sindical  como quien puede, bajo determinadas condiciones, sacar a la Provincia de la crisis.

El llamado por parte de uno de los gremios a un “Foro en defensa de las Instituciones” en el cual se propiciaba la participación distintos sectores sociales y hasta de gran parte de lo partidos políticos opositores, significó la expansión de sus fronteras políticas en torno a una inclusividad casi diferencial.

La construcción del objeto discursivo crisis se constituye como un criterio que diferencia al Ellos del Nosotros, y en cuya dicotomía las posiciones del Ellos Genérico, sin dejar de estar por fuera de este Nosotros, son construidas como equivalentes al caracterizarlas fundamentalmente como sujetos pacientes de sus efectos.

El carácter predominante del polo sintagmático en la extensión de las demandas, su grado de inclusividad, así como la correspondiente equivalencia en las posiciones de sujeto fueron algunas de las características que precedieron a la emergencia de Auntoconvocados en el conflicto.

La reagregación se constituye así como la acumulación de puntos dislocatorios, como la homogeneidad de las posiciones, la unidad de sentido que genera la isotopía semántica del sintagma “afectados por la crisis”.

El pasaje “la sociedad está unida en pos de objetivos comunes” remite precisamente a la más particular característica del discurso sindical en el Tiempo II. Haber dicotomizado el espacio político separando al pueblo del poder, primera condición para la emergencia de una identidad políticamente popular. Estaba dispuesto así el grado cero de la metáfora, del pasaje de una relación de combinación a una relación de sustitución.

Pero lo que vino después simplificó aun más el espacio social. De la diversidad de posiciones existentes dentro de la Formación Discursiva sindical, en este periodo es la posición de sujeto Pueblo la que condensa la exclusividad e inclusividad del Nosotros. Ahora es el imaginario que emana de este significante el que galvaniza la totalidad de las luchas. Desde el punto de vista institucional, Autoconvocados representaba el actuar del afuera,

Ante la carencia de una verdadera representación de sus intereses por parte de la clase dirigente, los Autoconvocados, que son el Pueblo, encarnan la legítima representación de sí. Precisamente, una de las características principales que la recortan en torno a un Nosotros, es el sostenimiento de su particularidad como autosuficientes.  Del clásico enunciado por el cual un pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, tenemos aquí un modelo en el cual el pueblo se auto-representa ante sus representantes. Por ende, estos últimos (incluidas las representaciones gremiales) son deslegitimados en su función. Más allá de los acuerdos en una amplia variedad de aspectos entre el movimiento de los Autoconvocados y los sindicatos, la lógica identitaria a la que apostaban era diferente3.

La afirmación de Klachko y Barrios (Barrios, 1999) de que Autoconvocados se corresponde con un movimiento original aunque emergente de los empleados públicos provinciales, quizá pase por alto una de las características centrales de este colectivo en cuanto a su ubicación política en el conflicto,  y que está dado por el hecho de que el pertenecer a un estrato específico de la población no le impidió presentarse como Pueblo y,  a través de ese movimiento, universalizar los problemas (aquellos considerados como tales) postular soluciones (que salen por lo general del modo en que se encara el problema) y dicotomizar el espacio político señalando aquello que lo amenaza (a su posición particular). Autoconvocados representaba una forma de totalización política aunque en una versión a-institucional.

Es precisamente en este punto en donde podemos plantear algunas interrogantes que , como todos sabemos, atañen a la circunstancia de la movilización sindical en los últimos años. Si se correspondían, según criterios de diferenciación sociológicos, los actores participantes de las protestas sindicales con aquellos que pasaron a formar parte del movimiento autodenominado “Autoconvocados”, ¿cuál es la distinción, desde una  perspectiva política, que allí se realiza entonces?, y en todo caso, ¿cuál es el imaginario que queda actualizado en el rechazo a la pertenencia al movimiento sindical que queda aquí evidenciado?, ¿cómo es que del nosotros socio-simbolico, delimitable y diferencial, Trabajadores, se produce en ciertos casos la universalización de los movimientos, universalización que tiene por paradoja diluir esta categoría identitaria, central aun hoy en los movimientos sindicales?, ¿de qué manera, si es que cabe hacerlo, las entidades sindicales pueden estar incluídas en estos movimientos que los exceden?

Tal vez podemos leer en la praxis del movimiento sindical correntino a finales del año 1998 y comienzos de 1999 el ensayo de alguna posibilidad de respuesta a estos interrogantes. De lo que se trata aquí es de la extensión del ámbito de acción de los sindicatos y la consiguiente ampliación del tipo de  subjetividad política que sostiene. Incorporar en sus reclamos el índice de mortalidad infantil, el nivel de corrupción e impunidad o el pedido de crédito a los pequeños productores que en ese año  habían perdido sus cosechas  a causa de las inundaciones, resulta una forma de inclusión de demandas excedentes a su radio de acción clásico. Hablamos de las formas que puede adquirir la constitución de una subjetividad política en un contexto determinado, no necesariamente del desarrollo de mecanismos institucionales para dar cuenta de esas problemáticas.

Sea como fuere, la cuestión del lugar y las formas de acción de los sindicatos en las luchas actuales nos remite a un panorama de interrogantes, más aun cuando aquellos pisos civilizatorios de los que habla Godio conquistados por las luchas sindicales a lo largo del siglo XX, están siendo puestas en cuestión desde sus fundamentos. La empresa posfordista ya no compra mera fuerza de trabajo sino “a la persona y a su devoción”. Wall Mart no tiene empleados ni clientes, sino socios.

El dilema del accionar sindical en particular así como la necesidad de una repolitización de las relaciones interpersonales, ya que en todo caso no puede haber redistribución de la riqueza sin redistribución del poder, justifican la centralidad del debate.  De lo que se trata es de la conformación de una subjetividad política en la cual el elemento de valor que aun hoy pueden tener los sindicatos, no se vea diluido en otros imaginarios de acción colectiva (depositarios de  un carácter coyuntural sorprendentemente creciente), y pueda finalmente contribuir a la lucha respecto de los mecanismos privados de control y regulación social en las sociedades contemporáneas.    

Bibliografía 

Arnoux, E., Análisis del Discurso, Santiago Arcos Ed., Bs. As. 2006.

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- (2003) Después de la protesta: Indagación sobre el proceso posterior a la protesta social protagonizada por el movimiento de autoconvocados y su repercusión en el ejercicio de los derechos políticos (el caso de la protesta de la provincia de Corrientes, 1999), Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad Nacional del Nordeste.

Benetti, O. A., (1999) Aguanta, Hoja del Pueblo correntino autoconvocado, Moglia, Ctes.

Benveniste, (2001) E., Problemas de Lingüística General, Vol. I, Siglo XXI, México.

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Ducrot,O (2001). El decir y lo dicho, Edicial, Bs. As..

Foucault, M., (2005)  La Arqueología del Saber, Siglo XXI, Bs. As..

Guber, R.,  (2001) La dimensión cultural de la crisis en Corrientes. Disponible en www.rebelion.com

Klachko, P.  (2003)  El proceso de lucha social en corrientes, marzo a diciembre de 1999. los “autoconvocados”, Disponible en http://nexos.unq.edu.ar/

Laclau, E., (2004) Hegemonía y Estrategia Socialista, Fondo de Cultura Económica, Bs. As.

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Maingueneau, D. (1980) , Introducción a los Métodos de Análisis del Discurso, Hachette, Bs.  As.

- (2003) Términos clave en el Análisis del Discurso, Nueva Visión, Bs. As.

Raiter, A. (1999),  Lingüística y Política, Biblos, Bs. As.

Zizek, S. (2003),  El sublime objeto de la Ideología, Siglo XXI, Bs. As.

- Mas allá del Análisis del Discurso en Laclau,  Nuevas Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión, Bs. As. 2000, pp. 257 – 267.

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Documento 2

Enlace permanente 21 de Febrero, 2009, 12:10

“El 99. Todos los fuegos: el fuego” 

Las siguientes son reflexiones fruto de la participación en el movimiento correntino de 1999, alentadas por la esperanza y por la convicción de que es necesario desentrañar la heterogeneidad y comprender la lógica de aquel movimiento como organización social alternativa.  

En Corrientes, a fines de los 90 y como en el resto del país, el período iniciado en 1983 con la reinstauración de la Democracia, llegaba a medianoche y se vislumbraba la ruptura del hechizo.  

Poder ético, poder ideológico, poder económico, de nuevo poder ético, fueron las significaciones sucesivas que dieron nacimiento a las cuatro presidencias y que demostraron de inmediato y en cada caso, su distancia de la realidad y el carácter secuencial del perfil del estado dictadura - post dictadura. 

Nuevos excluidos, nuevos presos sociales, nuevas desapariciones (personales y colectivas) nuevos sujetos de persecución e incluso de tortura, se desplazaron desde el eje de los 60-70, es decir desde la militancia, hacia el eje de las poblaciones “sobrantes” por efecto de un estado achicado, y de una cada vez mas imponente concentración de riqueza. 

Frente a esta realidad, fueron surgiendo diversos intentos de organización, aggiornando viejas estructuras o creando algunas nuevas. Sin embargo, una cuestión “de fondo” surgía en el análisis de unas y de otras: algunas sospechadas de connivencia con el poder y otras desechadas por su poca eficiencia estratégica.   

Y cuando la confusión y la pérdida de rumbo imperan, los pueblos se las ingenian para “volver a las fuentes”. Ese es el principio del movimiento asambleísta, sea cual fuera la denominación que asuma: “auto convocados”,  “asambleas barriales”, grupos en torno a problemáticas específicas tales como agua, salud, medio ambiente, etc. 

Lo que estas formas asambleístas tienen en común, es la estructura horizontal o de red, y la no delegación en la toma de decisiones, las que son consensuadas en plenaria. Si bien un tal funcionamiento, garantiza la transparencia, el respeto por los acuerdos y la participación significativa, su perdurabilidad en el tiempo, está sujeta a la dimensión de las temáticas y de los actores involucrados. 

Con problemas y actores acotados, esta modalidad puede perdurar en el tiempo, pero cuanto más amplia es la temática, cuanto más personas y agrupaciones sectoriales incluye, esta modalidad debe transformarse en el corto plazo, para capitalizar los logros y la experiencia. 

El movimiento del  99, tan amplio y genuino por una parte, también albergó (como todo movimiento) las viejas prácticas, los viejos actores y, un poco mas disfrazadas o clandestinas, las viejas organizaciones. Todos ellos, concientes de la “natural extinción” del movimiento, rápidamente armaron sus estrategias en vistas al “después”.    

Como en un doloroso parto de nueve  meses, pero en este caso con el alumbramiento de la muerte de dos jóvenes, el movimiento del 99 se agota y el poder es retomado –como diría el poeta- “arando el porvenir con viejos bueyes”. 

¿Ganaron los de siempre? ¿El movimiento “auto convocado” fracasó? La respuesta a estos y seguramente muchos otros interrogantes, pueden servir para seguir pensando desde otro lugar.  

Si la imposibilidad circunstancial para dar el salto desde la asamblea hacia otra forma organizativa mas permanente y sólida, es entendida como fracaso, entonces se refuerza la idea de que toda organización alternativa es inviable y que solo nos queda optar por lo mejor dentro de lo malo. 

Si los intentos por retomar el movimiento tal y como fue entonces, se encuentran con una supuesta apatía de quienes entonces fueron activos protagonistas;  si la falta de respuesta a las convocatorias, es interpretada como abandono de los valores que alentaron aquella lucha, una vez mas se instala la resolución de los conflictos por la parte mas débil: el culpable es el de al lado...  

Por el contrario, si puede comprenderse que los tiempos de una organización incipiente son mas lentos que las de las viejas prácticas; si se puede distinguir en la diversidad del movimiento, lo genuino de lo oportunista,  y  si puede apreciarse la fuerza generada por el movimiento del 99, entonces se generarán condiciones favorables para un debate próspero y, quizás, para el inicio de nuevas formas de organización.  

De alguna manera, la conciencia colectiva se ha detenido en la memoria colectiva, en el triste registro de lo que fue y no es; de lo que pudiera haber sido y que diferentes modos de violencia impidieron que fuera. El 99 y las historias de lucha en general, pueden fructificar siempre y cuando recordemos para actuar, analicemos fino para entender, aprendamos para no repetir y recuperemos la fe para retomar el camino.              

        

Movimientos de Protesta Social

- El caso de Corrientes durante 1999 -

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Documento 1

Enlace permanente 21 de Febrero, 2009, 12:08

 1999: 10 años después 

   Han pasado diez años de la gesta del ’99, de esa singular lucha  social que reunió en las plazas, calles, rutas  y puente a miles de correntinos que, a lo largo y a lo ancho de la provincia, se autoconvocaron para interpelar a los dueños del poder, defendiendo la propia dignidad y demandando sus derechos de trabajadores y ciudadanos, confiando en sus propias fuerzas y en la verdad.

   Hoy, a 10 años de aquella verdadera crisis de fin de siglo, muchos de aquellos que nos movilizamos como autoconvocados o como organizaciones, queremos mantener viva la memoria de aquellos hechos.

   Porque los pueblos que olvidan su pasado terminan por hipotecar su futuro.

   Porque el pasado, reciente o lejano, es un maestro que ofrece experiencias dignas de repetir o mejorar, y errores que evitar o corregir, definitivamente. Es un trampolín que impulsa hacia la búsqueda de superación constante y hacia la construcción solidaria de una justicia largamente esperada.

   Sabemos que las luchas sociales no se re-editan. Son siempre nuevas.

   Por eso,  quienes nos movilizamos en 1999 no somos hoy un puñado de nostálgicos que continúan añorando lo que fue, sino unos ciudadanos conscientes de que el 7 de junio de 1999 fue el emergente de un proceso de cambio social que no se inició ese día y que aún no ha terminado.

   Ya hacia fines del ’98 la incipiente Multisectorial (fruto del sostenido trabajo de las organizaciones gremiales), inició con fuerzas los reclamos. Y la movilización de diciembre –de gran convocatoria-, constituyó un claro exponente del clima de descontento y de indignación de los trabajadores ante las arbitrariedades e incumplimientos del gobierno de turno.

   Sin embargo, durante el año '99 algo cambió en las conductas ciudadanas de una franja importante de la sociedad correntina, fundamentalmente trabajadores estatales, que estaban siendo los más directamente afectados por las tropelías del gobierno. El "aguante" en las plazas, el debate abierto, las asambleas, el ejercicio de la democracia directa llevó a formas inusitadas de  participación y protagonismo popular.

   Debido a la compleja trama de factores que provocaron la crisis traducida en falta de pago de salarios, arbitrarios desplazamientos de los lugares de trabajo, persecuciones, incertidumbre económico-social generalizadas –entre otros-, muchos ciudadanos, particularmente los asalariados del poder publico, despertaron a la conciencia de sus derechos, y asumieron, desde la acción concreta, la responsabilidad que les cabía en el construir su futuro de pueblo, viviendo ellos mismos y demandando a sus gobernantes y funcionarios conductas honestas y transparentes, valientes y coherentes, todo ello desde un eje central aglutinante y vivificante: el vínculo solidario. Vínculo que hoy no solo debemos declamar sino que debemos rescatar, reavivar en gestos concretos que vayan abriendo espacios de debate sobre nuestro destino de pueblo y que gesten así, en el intercambio sincero, la unidad en la acción.

   El movimiento social arrancó rebelándose contra el orden imperante instituido por un partido desprendido, después de duras luchas intestinas, del poder tradicional, luego del cual se instaló un gobierno de amplia coalición, por el cual nunca se sintió representado. A nivel nacional también cambiaron los gobernantes, referentes del  neoliberalismo más puro a una amplia coalición de “centroizquierda” que hasta había conocido las demandas sociales y pretendido otorgar soluciones, en el marco de este proceso y en entrevistas en plena campaña electoral.

   Sus cuestionamientos siempre fueron al fondo y no a las formas: “Queremos un cambio en la forma de hacer política y no de políticos; otra trama y no otros actores”, fueron las leyendas que los autoconvocados escribieron en las paredes, izaron en sus carteles, difundieron en miles de pronunciamientos y pusieron adelante en los innumerables cortes de rutas, calles y puentes. Y en estas expresiones, siempre presente la decisión por luchar por el respeto de la propia dignidad de personas y trabajadores.

   Durante el desarrollo de esta  crisis superestructural extraordinaria -aún no superada- en lo político, institucional y económico saltaron por los aires las que se tenían como verdades inmutables desde el punto de vista de la institucionalidad y las representaciones formales del sistema. Porque los autoconvocados correntinos no fueron  sino  una expresión de la profunda brecha que estaba abierta entre las representaciones tradicionales del sistema (partido/sindicato) y una franja importante de la sociedad civil.

   Por eso, los tres poderes junto a partidos políticos, sindicatos y asociaciones de la más diversas índole se vieron en figurillas para mantenerse y no desaparecer.

   Porque más allá de lo que se afirma a veces, la autoconvocatoria en nuestra provincia fue mucho más que un movimiento impelido por factores económicos.

   Sostenido por un amplio abanico de reivindicaciones,  tuvo su eje en la crítica al statu quo, al poder y a los poderosos de toda clase, a  sus formas de presentarse en la escena pública y a los desmanes y arbitrariedades de la manera de hacer políticas vigentes.

   Los delegados mantuvieron incluso ásperas polémicas públicas con representantes gubernamentales en torno a la participación ciudadana.

   Compareciendo ante asambleas, legisladores han debido precisar a multitudes los límites del sistema de representación republicano: El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, les recordaban, tratando de que la sociedad se replegara, y disciplinada tras el precepto constitucional, abandonara la plaza y la movilización. Todo esto habla del grado de confrontación entre la sociedad y sus representantes circunstanciales. Este proceso, acaecido en Corrientes en 1999, fue de alguna manera anticipatorio al que estalló en Plaza de Mayo en Diciembre del 2001, se generalizó con 40 muertos en todo el país, movilizaciones, proliferación de asambleas populares y desembocó en la huída presidencial.-

   La autoconvocatoria representó un triunfo cultural histórico, aunque muy probablemente hoy sintamos una derrota política.

   Una demanda: dignidad y justicia; un valor hondamente vivido: la solidaridad y un anhelo que, como la demanda, aún no encuentra forma de plasmarse: participación ciudadana y organización horizontal.

   Sin embargo, ante los justos reclamos que se caracterizaron también por su corte acentuadamente pacifista y dialogal, la indiferencia, las mentiras y aún la represión y la muerte fueron las respuestas que se obtuvieron del poder público provincial y nacional. Baste recordar el 28 de julio, el 13 y el 17 de diciembre, la muerte de Francisco Escobar y Mauro Ojeda y la de otros correntinos autoconvocados que perdieron su vida en este año de lucha, las amenazas de muerte a nuestros compañeros, sólo por mencionar algunos hechos.....

   Por eso, en este proceso en búsqueda de justicia y de transformación estructural, fueron varios los hitos que podrían señalarse, entre los cuales, sin embargo tenemos dos, cara y cruz de la misma moneda: el 7 de junio y el 17 de diciembre. La Plaza de la Dignidad o del Aguante y la brutal represión de gendarmería. El pueblo toma la palabra y el poder responde acallándolo, a sangre y fuego.

   Desde aquel entonces –y desde antes-, son varias las deudas pendientes de los poderes políticos para con los ciudadanos. Pero la que no podemos dejar de reclamar es esa justicia tan largamente esperada de la efectiva condena a  los autores materiales e intelectuales de la feroz represión que causó la muerte de dos jóvenes: Francisco Escobar y Mauro Ojeda.

   A 10 años de impunidad, denunciamos que las causas están paralizadas en el Juzgado Federal, demoradas también en los tribunales internacionales donde hemos denunciado la connivencia entre el juez federal que actúa en la causa, el mismo que ordenó la represión, en comunicación telefónica con el entonces ministro del interior, (hoy diputado nacional),   y juntos dispusieron la ejecución de esta maniobra de contrainsurgencia, otorgándole el mando a un comandante de gendarmería, involucrado en hechos de represión durante la última dictadura militar.

   Y respecto al 17 de diciembre, reiteramos lo que desde distintos sectores de la sociedad correntina es un secreto a voces: Durante la feroz represión no hubo errores ni excesos ni desobediencias entre los integrantes de la fuerza de seguridad nacional; tampoco "infiltrados", ni enfrentamientos entre civiles, como se arguyó desde algunos medios adictos al poder  creando una confusión deliberada entre víctimas y victimarios,  sino que todo fue parte de un plan cuidadosamente urdido para escarmentar a los "rebeldes correntinos" y como un tiro por elevación a toda la población argentina que resistía el ajuste y la exclusión a que viene siendo sometida por los gobiernos de turno, por imposición de los grandes centros de la economía mundial. Pero además esta acción ejemplificadora tenía la pretensión de abortar este incipiente nuevo modelo de participación ciudadana, que cuestionaba las bases mismas del sistema de representación parlamentaria.

   ¿Se abortó realmente? ¿O como el agua entre las piedras sigue abriéndose cause dentro de las estructuras organizadas, sin renunciar por ello a sus premisas?

   La historia tiene la respuesta. Que como en todos los fenómenos sociales –y los autoconvocados lo fueron-, estará siempre impregnado de matices.

   Sin embargo, y a pesar de la aparente derrota de tanta lucha transitada durante el ’99, hoy volvemos a decir que todavía el pueblo tiene la palabra

   Tiene porque experimentamos que el lenguaje del poder será siempre la soberbia, la injusticia, la opresión, el uso de la fuerza, la sinrazón y la prepotencia. Y frente a ello, protagonizamos en el ’99  la movilización histórica que significó un ¡Basta ya! a la prepotencia y a la arbitrariedad de los poderosos; un ¡Basta ya! al espectáculo de una clase política que parecía - y aún sigue pareciéndolo- , responder a sus propios y mezquinos intereses; un ¡Basta ya! a todas las formas de clientelismo político y de sometimiento de la dignidad que nos llevaron hasta la situación de crisis que atravesábamos

   Y aún tiene la palabra porque ahora sabemos que la organización silenciosa y perseverante, el debate abierto sin mezquinos intereses de partidocracias, la mirada atenta hacia las cuestiones pendientes como la justicia social y la justicia que castigue a los responsables de la honda crisis del pueblo correntino, la unidad en las acciones para lograrlo son algunos de los desafíos que tenemos por delante docentes, trabajadores, estudiantes, amas de casa, desocupados... en fin, todo hombre y mujer de buena voluntad que desde la generosidad y la grandeza de los ideales esté dispuesto a sumarse a la construcción de un Corrientes justo y solidario donde la justicia sea la fuerza de la paz. 
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