Boletín de Opinión : "Pensando en Voz Alta"

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Marzo del 2009

 

Boletín Nº 1 - Marzo 2009

Enlace permanente 24 de Marzo, 2009, 22:30

Elementos para analizar la lucha provincial de 1999

Introducción:

Estos artículos tienen como objetivo introducir elementos al debate que se plantea al cumplirse 10 años de la lucha de los autoconvocados de Corrientes.

Esperando que otros compañeros puedan aportar otros puntos de vista y elementos para enriquecerlo, desde este boletín intentaremos aportar una visión desde la óptica de los trabajadores y el clasismo.

Primera parte: el régimen del Tato


Se puede empezar diciendo que gran parte de la “responsabilidad” de la crisis política de 1999, recae sobre la figura de Raúl Rolando Romero Feris (Tato).

Uno de los mejores discípulos de Menem, a pesar de no provenir del Partido Justicialista, aplicó a su manera todas las recetas neoliberales impulsadas desde la nación.

Reformas que incluyeron el hospital público de autogestión, la aplicación sin discusión de la ley federal de educación, privatizaciones, la utilización de los fondos públicos para favorecer a “empresarios amigos”.

Y todavía más avanzó en un terreno en que el menemismo no lo había hecho: por decreto desafilió a los trabajadores públicos y el que se quería volver a organizar tenía que presentarse en las oficinas de personal, donde reinaban sus adeptos, para “manifestar su voluntad de unirse a un gremio”.

Este avance “arrollador” lo había convencido que él lo podía todo en la provincia, es así que al producirse el cambio de gobierno1 y no teniendo posibilidad constitucional de reelección impulsó desde su partido la elección de una fórmula que le respondiera fielmente, se podría decir de manera obsecuente.

Para él se reservó la Intendencia de la Ciudad Capital, pero instaló prácticamente un “gobierno provincial paralelo”, donde todos iban a buscar favores y decisiones al edificio municipal, mientras que el Gobernador Pedro Bralliard Pocard2, era una figura decorativa sentada en una Casa de Gobierno carente de decisión.

Así se formaron coordinaciones, grupos de trabajo, asesores que solo respondían a Tato y actuaban como poder paralelo a las instituciones del estado provincial, en particular al ejecutivo.

Así que el primer elemento de crisis era que el propio Tato rompió las reglas de las instituciones del poder provincial

Muy ligado a este elemento, estaba el Partido Nuevo, conformado directamente desde el gobierno, mientras Tato ocupó la gobernación, apelando a la compra directa de dirigentes y punteros barriales de los otros partidos. Así el PANU que hacía su estreno en la contienda electoral para la elección de gobernador y en segunda vuelta su formula lograba el 72% de los votos.

Pero en realidad el PANU más que nuevo era una “cueva de viejos corruptos” de la política provincial que se dejaron comprar por la promesa de manejo indiscriminado de los fondos provinciales. Así personajes como Guillermo Harvey fue puesto al frente de los “fondos” de Acción Social, su hermana recibía los del Programa Federal de Educación y el “rehabilitado” Juan Pedro “Vasco” Schaerer, que cumplió una condena de 5 años por diversos delitos, los de Salud Pública.

El programa que unía a estos dirigentes de diversos orígenes políticos, trayectorias y prontuarios era la promesa del Tato de acceso ilimitado a los fondos que cada uno manejaba.

Pero este carnaval de robo, sufrió un revés en 1999, cuando el jefe nacional: Menem, perdía aceleradamente apoyo popular y la crisis financiera disminuía ostensiblemente los ingresos de la provincia.

1 Fue gobernador en el período 1993 - 1997

2 En realidad este abogado que venía de las filas del Partido Liberal, era el candidato a Vicegobernador, pero el al morir Rubén Darío Casco en un accidente durante la campaña, el PANU tubo que modificar su fórmula.

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Denuncia de expulción de consejeros estudiantiles

Enlace permanente 21 de Marzo, 2009, 9:32

Corrientes, 17 de marzo de 2009 

Sr. Director Gral. de la D.G.E.S.

Prof. Horacio Arnaldo Tourte

S                       /                        D:

                              Nos dirigimos a Ud. con el fin de DENUNCIAR POR LA VIOLACION DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO por parte de un Órgano en funciones Administrativas, en referencia al Gobierno Colegiado del Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente Nº 1 de ésta Capital (I.S.F.C.D. Nº 1), solicitando además, intervención directa por parte de ésta Dirección y de la Supervisión Técnica, como medio para asegurar parte de la institucionalidad de dicho cuerpo, correspondiente a los representantes estudiantiles electos para integrar el Consejo Directivo según se corresponde a la Resolución 1561/05 en sus artículos 5º, 6º, 52º y 90º.

                              En el día de ayer habiéndose reunido el Gobierno Colegiado del I.S.F.C.D. Nº 1 en la Rectoría del Instituto, ubicada en la planta alta de la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”, sita en calle Bolívar 1148, siendo las 17:40hs. se da inicio a la reunión ordinaria del Consejo Directivo, encontrándose presentes la mayoría de los miembros, antes de iniciar la lectura del Acta de la reunión anterior el Director de Carrera del Profesorado en Historia, Sr. Prof. Enrique Deniri, da una moción de orden en referencia directa a la calidad y acreditación de los alumnos que integramos el Consejo Directivo que nos encontrábamos presentes, exponiendo que como la institución aún no ha acreditado hasta el día de la fecha la condición de alumnos y si los mismos cumplimentamos o no el requisito necesario de materias aprobadas para ocupar el cargo para el cual fuimos electos, además consideraba tener serias dudas sobre el número de la matricula de alumnos del año 2008, del cual se desprende la cantidad de representantes estudiantiles que fueron electos para integrar el Consejo Directivo para el período del corriente año, así él propone una moción de orden a ser sometida a votación, sin discusión o deliberación de ningún tipo que causare dilaciones en la misma y siguiera haciendo peligrar la legalidad del órgano, puesta en dudas supuestamente por los alumnos que allí nos encontrábamos expresó, a partir de éste momento tanto el alumno del Profesorado en Ciencia Política, Juan Pablo Seoane, como la alumna del Profesorado en Historia, María Laura Reyes, solicitamos la palabra, la cual nos fue negada tanto por el Prof. Enrique Deniri como por el Presidente del Consejo, Sr. Rector Prof. Víctor Rolando Fernández; antes de votar el Prof. Enrique Deniri dio aclaratoria de su moción puesta a consideración, la cual expresaba: “Que ante la falta de acreditación institucional por parte de los alumnos y las dudas crecientes al número de la matrícula del año 2008 para saber cuantos representantes estudiantiles corresponderían a integrar el Gobierno Colegiado, propongo se retiren y se los excluya del Consejo Directivo a los mismos, y hasta éstas dudas (que afirma enfáticamente) sean resueltas por una Comisión Investigadora conformada al efecto, que será constituida tras el retiro de los alumnos por hallarse ellos inhibidos,  a resolución y dedición de dicha Comisión Investigadora recién podrán reincorporarse los alumnos que correspondan a resolución de ésta”. Tal moción fue votada afirmativamente, manos en alto, por la unanimidad de los Profesores presentes y con abstención de todos los representantes estudiantiles, además encontrándose también la Secretaria del Instituto, que oficia de secretaria de actas, levantando la mano como votando afirmativamente, entendiendo esto por nuestra parte que esto va más allá de sus funciones y atribuciones. Habiéndose producido ésta situación encontrándonos anonadados por lo improcedente de la actitud del Sr. Prof. Enrique Deniri en su moción, y siendo permitido por el Presidente del Consejo Directivo votar tal moción de orden, sin permitir la deliberación o la legítima defensa o expresión de opiniones por parte de los representantes estudiantiles que allí nos encontrábamos, solicitó nuevamente la palabra el representante estudiantil Juan Pablo Seoane, la cual le fue negada otra vez por el Sr. Rector fundando éste que “Ud. ya no es miembro y con Ud. no pienso discutir esto así que se retira”, sabiendo que sin el permiso necesario ya no podríamos dirigirnos al Consejo Directivo y no habiéndosenos permitido advertir en ninguna oportunidad a los integrantes del mismo sobre la ilegalidad y contraproducencia de lo que se acabó de decidir, nos vimos obligados a retirarnos de la rectoría.

                              Habiendo ya explicado detalladamente lo sucedido en la reunión del Consejo Directivo del I.S.F.C.D. Nº 1 del día de ayer, expondremos a continuación de manera puntual y conteniendo textual de las normativas sobre los fundamentos que llevan a que ésta actitud personal de ciertos integrantes del Gobierno Colegiado y la decisión por unanimidad de los profesores del mismo, VIOLAN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE y coartan los legítimos derechos de los alumnos a participar del gobierno de la institución, además de la negativa de la autoridad del Instituto a dar las constancias de alumno y materias aprobadas a los representantes estudiantiles electos para acreditar su condición, habiéndose solicitado las mismas en reiteradas oportunidades a partir del doce (12) de diciembre del año 2008 con la presentación de nota dirigida al Rector rubricada por los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil, expresando en la misma las distribución de los cargos a Consejeros Estudiantiles Titulares y Suplentes y de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes, resultado de elecciones estudiantiles realizadas el 22 de octubre del pasado año a tal efecto, adjuntándose a la misma copia fiel de las Actas correspondientes que acreditasen dicha circunstancia (ajuntamos copia a la presente), además en relación al número de la matrícula de alumnos del ciclo lectivo 2008, la hemos obtenido el pasado año en la reunión mantenida con Ud. Sr. Director Gral., el día 14 de mayo del año 2008, encontrándose presentes representantes estudiantiles del I.S.F.C.D. Nº 1, del I.S.F.D. “Dr. Juan Pujol” y del I.S.F.D. “José Manuel Estrada”, en dicha reunión la Supervisora Griselda Montichelli allí presente, nos facilitó el número de la matrícula entregado por dichos institutos a la D.G.E.S., correspondiendo 3.076 alumnos al I.S.F.C.D. Nº 1, 2.660 al I.S.F.D. “José Manuel Estrada” Y 2.000 al I.S.F.D. “Dr. Juan Pujol”.

                              PRIMERO; la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo del Instituto es contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional Argentina en su Artículo 14º: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; (...) de peticionar a las autoridades; (...)de asociarse con fines útiles; (...)”; así también al Artículo 14º bis. La decisión de conformar una Comisión Investigadora a los efectos y fundamentos que el Consejo considere, para juzgar la legitimidad de los representantes estudiantiles es contraria a los establecido en el Artículo 18º: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, (...) Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. (...)”; además dentro de las funciones y atribuciones del Consejo Directivo establecidas sólo en la Resolución 1561/05, ya que no contamos con Reglamento Interno, en ningún momento establece poder de decisión para privar permanentemente la participación de ninguno de sus miembros no la atribución de formar Comisiones Investigadoras o especiales para investigar la condición de los alumnos y someter su situación al juicio único de la misma, contrariando los que establece la Constitución en el Artículo 19º: “(...) Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”; y ésta decisión del Consejo Directivo viola también los derechos y garantías constitucionales expresados en los Artículo 28º: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”; Artículo 33º: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”; entendiendo por mi parte que al caso éste aún es el medio más idóneo para aclarar las dudas aquí manifestadas, reservándome siempre el caso lo amerite por lo antes expuesto el derecho constitucional establecido en su Artículo 43º.

                              SEGUNDO; entiendo que según la Resolución 1561/05 en su Art. 4º: “Los Institutos de Educación Superior de gestión estatal, tendrán dependencia del Ministerio de Educación y Cultura a través de una relación funcional con la Dirección General de Educación Superior  estarán sujetos a las normas establecidas en el Estatuto del Docente, como así también a las que surjan de organismos gubernamentales correspondientes y de su propio accionar en el marco de la autonomía acordada. (...)”; y habiéndose negado la defensa y partiendo la decisión cuestionada en la presente del órgano máximo de gobierno del instituto, encontré lo más correcto e idóneo dirigir esta denuncia a la superioridad, entendiendo que Ud. velará por la correcta interpretación y aplicación de la Resolución 1561/05 en su Art. 5º: “El gobierno de los institutos superiores funcionará colegiadamente bajo la figura del un Consejo Directivo”; Art. 6º: “El Consejo Directivo estará constituido por el Rector, el Vicerrector, Regente (si hubiere), los Coordinadores de Departamentos de Formación de Grado, el de Investigación, Promoción, y Desarrollo y el de Capacitación, Perfeccionamiento y Extensión, Directores de Carrera y representantes de los alumnos como se establece en el Artículo 52º”; Art. 52º: “Los alumnos participarán del gobierno de la institución, siendo condición indispensable, ser alumno regular y tener aprobado por lo menos el 50% de los espacios curriculares de la carrera que cursa y ser elegido por sus pares. La proporción representativa será: De 1 hasta 500 alumnos: 1 (un) representante. De 501 hasta 1000 alumnos: 2 (dos) representantes. De 1001 hasta 1500 alumnos: 3 (tres) representantes. Y así sucesivamente.”; Art. 90º: Tendrán acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza, a asociarse libremente a Centros de Estudiantes, a participar en el gobierno y en la vida de la institución, conforme a las normas legales en vigencia y a recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior (Ley 24521 de Educación Superior art. 13, inc. a), b), c) y d)”; por la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo se niega completamente el derecho de los alumnos a participar del gobierno y la vida de la institución, habiéndose cumplido por parte nuestra todos los requisitos solicitados normativamente, considerando que esto además hace peligrar la institucionalidad del gobierno colegiado del instituto, negándose la participación a los miembros estudiantiles electos por el total de los demás miembros del órgano contraviniendo lo establecido en la Resolución 1561/05. Así también ésta decisión del Consejo Directivo es improcedente según el orden normativo vigente expresado por la Resolución 1561/05 en su Art. 10º: “El Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones: (...)”; Art. 11º: “Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de más de la mitad de los miembros presentes (...)”; Art. 12º: “Para mayor eficacia y especialización, podrán conformarse comisiones “ad-hoc” para el análisis de los diferentes temas emergentes de las atribuciones consignadas en el artículo 10º. El resultado de dichos análisis serán puesto a consideración del plenario para su tratamiento definitivo”; Art. 13º: “Cuando se traten temas en los cuales se encuentre involucrado algún miembro del Consejo, éste deberá abstenerse de participar de la reunión”; donde en ninguno de los puntos del artículo 10º da sustento legal que atribuye al Consejo la atribución de dejar fuera por decisión de la mayoría a miembros del órgano o la formación de comisiones investigadoras o especiales para juzgar a alguno de sus miembros o a alumnos de la institución, teniendo ningún sustento normativo vigente sobre el cual se base la ésta decisión tomada por el Consejo Directivo. Cabe destacar que en cuanto al Rector que oficia de Presidente del Consejo Directivo, encontrándose establecidas sus funciones en la Resolución 1561/05 en su Art. 16º: “Son funciones del Rector: 16.1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo.- 16.4. Realizar la coordinación y el desarrollo de lo programado por el Consejo Directivo.- 16.6. Cumplir y hacer cumplir las normas jurídicas-legales generales que le compete y las resoluciones emanadas de las autoridades que ejercen el gobierno del sistema educativo.- 16.15. Remitir a la supervisión técnica, toda documentación que corresponda y/o recurso en Jerárquico presentado, en el término de siete (7) días hábiles de ingresada la misma.- 16.24. Suscribir la norma legal correspondiente a las decisiones del Consejo Directivo.”; el mismo fue quien dio parte y sometió a votación la moción propuesta y expresada por el Prof. Enrique Deniri, incumpliendo con su función de coordinar la orden del día y el desarrollo de lo programado para el Consejo Directivo sin siquiera haber iniciado claramente la actuación de dicho órgano, además tampoco al oír la moción y pensar en sus características y fundamentos normativos, si es que los tuviese, para someterla a votación, la decisión tomada incumple con las normas jurídicas y legales vigentes, sabiendo de antemano que las decisiones de Consejo Directivo lo hacen responsable directo por rubrica. En relación a la acreditación de los representantes estudiantiles en su condición de alumnos y la cantidad de espacios curriculares aprobados, como se menciona antes en la presente, en referencia a la nota que se adjunta, en reiteradas oportunidades se solicitó a la autoridad del Instituto se confeccionaran las constancias de alumno regular y materias aprobadas para acreditar ante el Consejo Directivo la calidad de los alumnos electos y si se ajustan a los requisitos normativos vigentes en la Resolución 1561/05, en varias oportunidades tras los reclamos manifestados el Vicerrector nos aseguró que mandaría hacer los mismos y nos entregaría o elevaría al Consejo Directivo, esto nunca sucedió, generándose ésta situación no por incumplimiento de nosotros alumnos, sino de los responsables institucionales sobre éstos trámites de alumnado que no son realizados, perjudicándonos a nosotros y a terceros, que serían los alumnos que libremente nos han elegido en elecciones estudiantiles para representarlos ante el gobierno colegiado de la institución y estando fuera de nuestro alcance a nivel personal la confección de dicha documentación, observándose dilaciones en el trámite correspondiente habiendo pasado más de un mes desde el inicio del período del corriente año en el cual hemos asumido nuestras funciones en el Consejo Directivo, sólo podemos suponer a observancia de la decisión del Consejo Directivo tomada el día de ayer de apartar e investigar a los alumnos “supuestos representantes estudiantiles” como nos mencionaron despectivamente, que ésta situación de falta de acreditación por parte del instituto es con intención de perjudicar a los representantes estudiantiles electos e implícitamente a los alumnos que representan democráticamente, sólo logrando así evitar la participación estudiantil en el Consejo Directivo, siendo éstas mismas ideas expresadas en reuniones anteriores por integrantes del Gobierno Colegiado, que además mantienen una enemistad manifiesta con por lo menos uno de los representantes estudiantiles electos para su segundo período ante el Consejo Directivo, es decir hacia el alumno Sr. Juan Pablo Seoane, por parte del Director de Carrera del Profesorado en Historia Sr. Prof. Enrique Deniri y el Coordinador del Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento y Extensión Sr. Prof. Daniel Pavón, con quienes en el año 2007 éste alumno tuvo pedido de sanción por parte del primero y pedido de expulsión por parte del segundo, promotores directos de la moción votada y decisión aprobada por el consejo Directivo que se denuncia en la presente. Por esto en relación a la acreditación que debe ser realizada y entregada por la sección de atención a alumnado debemos responsabilizar a la autoridad institucional correspondiente según la Resolución 1561/05 que expresa en su Art. 19º: “Son funciones del Vicerrector: 19.6. Asegurar el normal funcionamiento de la sección de atención al alumnado.- 19.7. Controlar los libros y la documentación reglamentaria referente a la situación de alumnos del establecimiento, siendo de su responsabilidad que los mismos estén actualizados, redactados y archivados correctamente.- 18.8. Contar con un registro permanente de la situación de los alumnos.- 19.9. Atender las situaciones de reclamos y problemas del alumnado.”; habiendo ya explicado cual es el problema real por el cual atravesamos que nos lleva a la situación que no se nos confeccionen las constancias de alumno regular y materias aprobadas por lo cual se pone en duda nuestra calidad de alumnos y solicitan removernos e investigarnos, situación en la cual no hemos tenido participación por verse fuera de nuestras atribuciones o funciones pero que insistentemente hemos solicitado y reclamado al Vicerrector sin recibir respuesta efectiva hasta la fecha, siendo éste uno de los factores fundamentales por el cual se puso en duda a los representantes estudiantiles y el Consejo Directivo voto afirmativamente a la moción del Prof. Enrique Deniri, es insólito a nuestro entender que se llegue a ésta situación y ni siquiera la autoridad institucional cumpla con sus funciones expresas en la normativa vigente dando como resultado la lamentable situación de encontrarnos hoy con la representación estudiantil en el gobierno del instituto negada por la negativa tácita a realizar y entregar la documentación solicitada por nosotros alumnos. Por parte de los Directores de Carrera presentes en la reunión de Consejo Directivo, aquí cuestionada en su decisión, creemos que también en su voto afirmativo y unánime existe un exceso, ya que dentro de sus funciones y participación normada en la Resolución 1561/05  en sus Artículos 50º y 51º, y tampoco se encuentra ningún tipo de fundamento legal o atribución para la decisión tomada, redundante agregar que consideramos que afecta la institucionalidad del gobierno colegiado y niega derechos establecidos de los alumnos que no deberían dejarse de lado por ningún motivo bajo la consigan de la participación democrática en la vida institucional por igual de Directivos, Docentes y Estudiantes establecida desde la promulgación y vigencia de la Resolución 1561/05, y que la presente actitud manifiesta en la decisión tomada por el Consejo Directivo del I.S.F.C.D. Nº 1 un retroceso inexplicable al negar la participación y acreditación como alumnos de los representantes estudiantiles electos libremente por sus pares. En referencia a la Secretaría, debemos mencionar que en oportunidades de reunión de Consejo Directivo la Secretaria del instituto que oficia de secretaria de actas en las reuniones negó la entrega de la nota que hemos adjuntado y por consiguiente aludía que por ello el Sr. Rector no había sido puesto al tanto de quienes eran los representantes estudiantiles electos y por consiguiente no sabría a quienes había que acreditar ante el Consejo Directivo, así mismo en la propia reunión de Consejo en la cual la Secretaría desconocía la presentación de nota realizada por el Tribunal Electoral Estudiantil y la copia fiel de las actas que dejaban constancia de las elecciones estudiantiles, le hemos mostrado en mano y con sello de recepción y número de mesa de entradas del instituto la nota a la cual aludimos, esto nos muestra nuevamente como se siguen sucediendo los errores institucionales e incumplimiento de las funciones asignadas normativamente por la Resolución 1561/05 en sus Art. 69º: “Son funciones de la Secretaría: a) Dar entrada y salida a toda documentación que ingrese en la institución y derivarla a donde corresponda.- b) Registrar y distribuir la documentación que se origina en la institución.”; Art. 70º: “La Secretaría tendrá dependencia directa del Rector.”; Art. 72º: “Son funciones del/a Secretario/a: a) Coordinar las tareas del sector administrativo y la dependencia del personal correspondiente, teniendo a su cargo la jefatura de los servicios administrativos y contables.- b) Asesorar al Consejo Directivo y al Rector en los asuntos administrativos.”; dicho incumplimiento de funciones no ha hecho más que agravar la situación de desmadejo habitual de documentación y tenemos serias dudas si la nota a la cual aludimos y adjuntamos en la presente no fue retenida indebidamente o extraviada por descuido, lamentado el hecho que si el aparato burocrático institucional hubiera funcionado correctamente y el personal asignado a tal funciones hubiera cumplido con lo consignado en la normativa vigente muy posiblemente no hubiéramos tenido que pasar por ésta actual lamentable situación en el ceno del gobierno colegiado del instituto. Se entiende que normativamente es función de la Bedelía según la Resolución 1561/05 en su Art. 73º: “La Bedelía estará integrada por el Bedel y los Preceptores. Son funciones de la Bedelía: b) Organizar  actualizar los legajos de los alumnos.- e) Confeccionar los certificados de estudios parciales y/o completos.”; pero al momento en que observamos las dilaciones de las autoridades del instituto de proveernos de las constancias que acreditasen nuestra condición de alumnos los preceptores manifestaron que las autoridades les comunicaron que se encargarían de ello y que no nos preocupáramos, encontrándose esto contemplado en la Resolución 1561/05 en su Art. 74º: “Bedelía tendrá dependencia directa del Vicerrector, o el Rector si la institución careciera de aquel.”; por ello aquí no hacemos responsable al personal de bedelía del trámite que aún no fue realizado a pesar de la insistencia y necesidad imperante de nuestro pedido, quedando ello bajo cargo y dependencia de la autoridad correspondiente normativamente. En relación de nosotros, alumnos del I.S.F.C.D. Nº 1 damos fe con la presente que contamos con el requisito del 50% de los espacios curriculares de la Carrera aprobados (Art. 52º Resolución 1561/05), que somos alumnos regulares del instituto (Art. 83º Resolución 1561/05), que la decisión tomada por el Consejo Directivo coarta el ejercicio de los derechos que tenemos como alumnos electos como representantes estudiantiles en el gobierno de la institución (Art. 90º Resolución 1561/05), que cumplimos con las obligaciones de los alumnos establecidas en la normativa vigente (Art. 92º Resolución 1561/05), que no hemos incumplido con la disciplina establecida en normativa vigente para ser sancionados motivo de la decisión del Consejo Directivo (Art. 93º Resolución 1561/05) y por ello encontramos totalmente errónea e improcedente normativamente la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo respecto de los representantes estudiantiles, que tal situación vivida y decisión del órgano colegiado debería ser entendida en última instancia a su necesidad imperante por parte de los miembros docentes del Consejo Directivo entonces en el marco de lo establecido en la Resolución en su Art. 140º: “Cualquier situación no prevista en la presente norma será resuelta por la Dirección General de Educación Superior.”.

                              TERCERO; en relación a la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, encontramos que la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo sobre la exclusión y negativa a la participación de los representantes estudiantiles electos y la conformación de una comisión investigadora por parte del mismo órgano colegiado, va en contra de lo establecido en ésta normativa educativa en sus Art. 11º: “Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles.”; Art. 122º:La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.”; Art. 123º: “El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se adecuarán a los niveles y modalidades: b) Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los/as alumnos/as en la experiencia escolar.- j) Desarrollar prácticas de mediación que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos.”; Art. 124º: “Los institutos de educación superior tendrán una gestión democrática, a través de organismos colegiados, que favorezcan la participación de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución y mayores grados de decisión en el diseño e implementación de su proyecto institucional.”; Art. 126º: “Los/as alumnos/as tienen derecho a: b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática.- h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema.”; ésta decisión tomada por el Consejo coarta los derechos que expresa la normativa, respecto de asegurar nuestra participación democrática y libre en la institución educativa, a través de la representación estudiantil en el gobierno del instituto, al haber sido electo por nuestros pares con tal fin, ésta determinación del órgano colegiado del instituto quiebra el orden democrático establecido en las normativas vigentes para el gobierno y participación en el nivel superior de la educación argentina, significando la supresión de la participación estudiantil por los integrantes del Consejo Directivo responsables de tal decisión, un retroceso en las formas de gobierno participativo, inclusivo, comprometido y democráticamente elegido por parte de los alumnos, que a nuestro criterio tal medida y decisión hace peligrar la institucionalidad del instituto.

CUARTO; en correspondencia al Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes, observamos que la decisión tomada por parte del Consejo Directivo sobre la exclusión y negativa a la participación de los representantes estudiantiles electos y la conformación de una comisión investigadora por parte del mismo órgano colegiado, sumado a el modo (expuesto al principio de la presente) en que se desarrollo la reunión en la cual se todo dicha resolución, contraría lo establecido en ésta normativa legal en los siguientes artículos: Artículo 7º: “La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, con el menor daño posible a los derechos e intereses de los particulares.”; Artículo 11º: “Las circulares, las instrucciones generales y los reglamento internos, no obligan a los particulares salvo que la ley disponga lo contrario y mediare adecuada publicidad. En cualquier caso, si de su violación surgiese perjuicio para un particular, ello podrá ser invocado como causa de nulidad, si tuviese la entidad requerida por esta ley y en la forma por ella establecida.; la decisión del Consejo Directivo va en contra de utilizar un criterio de interpretación por el cual se garantice mejor que el gobierno colegiado del instituto cumpla con su fin público, ya que atenta contra la defensa de los intereses de los estudiantes al excluir a sus representantes electos democráticamente dañando implícitamente derechos e intereses de los alumnos en su conjunto. Además consideramos que ésta decisión del Consejo Directivo no se ajusta al ordenamiento normativo vigente e incumple en evidencia con varios de los requisitos esenciales de un acto ejecutorio, manifestando su “inexistencia jurídica”, la decisión tomada por el gobierno colegiado no tiene sustento normativo dentro de sus funciones y atribuciones, incumpliendo también como dejamos expuesto en la presente los procedimientos reglamentarios del ordenamiento jurídico vigente, sumado que por el tenor e implicancia de derechos subjetivos y legítimos de los alumnos que afecta la decisión, debería haberse previsto el asesoramiento jurídico correspondiente, sustentándose lo antedicho en los siguientes artículos del Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes a exponer: Artículo 91º: “Se considera acto ejecutorio al que reúna todos los requisitos esenciales previstos por la ley, aunque alguno o algunos de ellos estuviesen viciados.”; Artículo 92º: “Faltando uno o más de los requisitos esenciales previstos por la ley para la existencia del acto, se considerará a la actuación administrativa así cumplida, como jurídicamente inexistente.”; Artículo 93º: “Los actos ejecutorios deben emanar de órganos competentes según el orden normativo.”; Artículo 95º: “Deberá sustentarse en hechos y antecedentes que según la ley o el reglamento puedan ser causa para que la decisión sea tomada y en el derecho aplicable.”; Artículo 96º: “Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos constitucionales y legales previstos en esta u otras leyes reglamentarias y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico.”; Artículo 97º: “Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas, considérase necesario el dictamen previo del servicio permanente de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiese afectar derechos subjetivos o intereses legítimos.”. Cabe agregar que en la reunión de Consejo Directivo de ayer, en la cual fue tomada la decisión denunciada y cuestionada aquí, no se respetó en ningún momento (como expusimos al inicio de la presente) lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en los siguientes artículos: Artículo 98º: “Cuando el acto pudiese involucrar derechos subjetivos o legítimos de los particulares, ellos tendrán derecho al debido proceso adjetivo que comprende: a) El derecho a ser oídos y de exponer las razones de sus pretensiones o defensas, antes de la emisión del acto que se refiere a sus derechos subjetivos o legítimos; c) Derecho a ofrecer y producir pruebas, cuando ellas fueren pertinentes, debiendo la Administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos, todo con el contralor de los interesados o sus representantes profesionales, quienes podrán presentar los alegatos y descargos una vez concluidos los procedimientos probatorios. Todo en la forma determinada en esta ley; d) Derecho de acceso al expediente en la forma determinada por la presente ley y en especial, a que bajo la responsabilidad del abogado matriculado, le sea prestado el expediente con excepción de las piezas que puedan considerarse esenciales y sean irreproducibles, de la que se le entregará copia en el caso y con las finalidades en que el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial prevé el préstamo de los expedientes judiciales. La Administración podrá obviar el préstamo del expediente original, entregando una copia certificada por funcionario competente. En todo caso en que el particular deba contestar vistas, traslados, requerimientos o trámites similares, o tenga derecho a plantear recursos, a su costa, se le podrá otorgar copia de las piezas que indique. El pedido de copia suspenderá automáticamente los plazos hasta que ellas sean puestas a disposición del interesado peticionante; e) Derecho a una decisión fundada y que el acto de decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes para la decisión del caso; g) A que se hagan las notificaciones en la forma determinada en esta ley.”; Artículo 99º: “El objeto respecto del cual el acto verse, y su contenido deben ser ciertos, claros, posibles y existentes física y jurídicamente, y precisos.”; Artículo 100º: “El acto debe decidir, certificar o registrar, todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento, pero puede involucrar otras no propuestas, en cuyo caso, si ello pudiese afectar a un administrado deberá previamente cumplir los requisitos del art. 98º.”; Artículo 101º: “El acto no puede contener resolución que: a) Esté prohibida por el orden normativo; c) Sea impreciso u oscuro; e) Contravenga en el caso particular disposiciones constitucionales, legislativas o sentencias judiciales. Tampoco podrá vulnerar el principio de irrevocabilidad del acto administrativo en la forma establecida por esta ley.”; Artículo 104º: “En todo caso, sea o no necesaria la motivación, si el acto impusiere o declarare obligaciones para el administrado, deberá indicarse, en forma concreta pero claramente individualizado, el lugar donde fue publicada, la norma general que da sustento a la obligación de que se trate. Si se tratase del Boletín Oficial de la Provincia, fecha de publicación y número del mismo; si fuese otra publicación, los datos que permitan su inmediata individualización en los registros oficiales.”; de ésta manera en la reunión de Consejo Directivo donde se tomó la decisión contraria a los representantes estudiantiles no se nos permitió expresar nuestra opinión por ser considerados inhibidos por parte del Presidente del órgano, el Sr. Rector, tampoco pudimos deliberar sobre la moción de orden y exposición de la misma dada por el Prof. Enrique Deniri por igual razón anterior, tampoco se tomó la decisión bajo fundamento normativo que sustentase la misma conteniendo vicios que dan prueba de su inexistencia jurídica ni fue notificada la decisión en legal forma por escrito, consideramos que la resolución tomada por la decisión del Consejo Directivo no está permitida por el ordenamiento jurídico vigente y contiene imprecisiones evidentes, además de contravenir derechos y garantías constitucionales antes expuestos. Entendemos por nuestra parte que la moción de orden y enunciación de la misma por parte del Sr. Prof. Enrique Deniri para ser sometida a votación en la reunión de Consejo del día de ayer, por ignorancia de la normativa vigente fue inducida al error y se obró con negligencia acorde a lo que establece el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en su Artículo 107º: “La voluntad del órgano administrativo no debe ser inducida a error, ni él puede obrar con dolo o negligencia.”; además los actos de los gobiernos colegiados como son establecidos normativamente en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes no fueron respetados, ya que no se observó como debería la deliberación y expresión de nuestra opinión al respecto, que fue prohibida por supuesta inhibición de los representantes estudiantiles del órgano, tampoco se nos permitió votar la moción para dejar constar nuestra negativa y motivación fundada, contraviniendo lo último expuesto ciertos artículos del Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes como ser: Artículo 110º: “Los actos de los órganos colegiados deben emitirse observando los principios de sesión, quórum y deliberación.”; Artículo 111º: “En ausencia de normas legales específicas supletoriamente, deberán observarse las siguientes reglas, para los actos mencionados en el artículo 110.- g) Ninguna decisión podrá ser adoptada por el órgano colegiado sin haber sometido la cuestión a la deliberación de sus miembros, otorgándosele razonable posibilidad de expresar su opinión; h) Los miembros podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que los funden. Cuando voten en contra y hagan constar su oposición motivada, quedaran exentos de las responsabilidades que puedan derivarse de las decisiones del órgano colegiado.”; Artículo 113º: “El acto ejecutorio se manifestará expresamente y por escrito. Sólo por excepción, si las circunstancias lo permitieran, podrá utilizarse una forma distinta.”; Artículo 120º: “Los actos ejecutorios deben ser emitidos para cumplir el fin de la norma que otorga competencia al órgano emisor sin poder perseguir con su dictado otros fines públicos o privados. Al fin principal del acto quedan subordinados los demás.”; Artículo 121º: “No se admite que se persiga un fin distinto que el querido por la ley aunque sólo se utilicen competencias legalmente otorgadas.”; Artículo 122º: “Es requisito esencial de legitimidad del acto administrativo que los agentes estatales, para adoptar una decisión, valoren razonablemente las circunstancias de hecho y derecho aplicables y dispongan lo que sea proporcionado al fin perseguido por el orden jurídico, atendiendo la causa que motiva el acto.”; Artículo 123º: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. La conformidad del acto con esta regla no jurídica, es necesaria para su legitimidad.”; Artículo 124º: “La discrecionalidad podrá darse incluso en ausencia de ley para el caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. Asimismo, siempre existirá control sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de los límites de discrecionalidad, en la forma establecida para el control de legitimidad.”; Artículo 125º: “La discrecionalidad está limitada por los derechos del particular cuando la potestad discrecional no tenga por objeto la limitación o reglamentación de los mismos.”; Artículo 126º: “Los actos administrativos deben ser notificados a los interesados. La publicación no suple la falta de notificación, salvo la excepciones establecidas en la ley.”; Artículo 128º: “La notificación se efectuará mediante el acceso directo de los interesados o sus representantes al expediente, dejándose constancia expresa de la notificación del acto pertinente o presentación espontánea del interesado, dándose por notificado del acto.”; Artículo 131º: “Las notificaciones se diligenciarán dentro de los diez días computados a partir del día siguiente al de la sanción del acto.”; Artículo 132º: “Al practicarse la notificación se indicarán los recursos de que puede ser objeto el acto, y el plazo dentro del cual los mismos deben articularse.”; Artículo 138º: “La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad.”; Artículo 139º: “La ejecución debe hacerse preceder de intimación formal, salvo caso de urgencia. La intimación contendrá el requerimiento de cumplir, clara enunciación de lo requerido y comunicación del medio coercitivo aplicable en caso de desobediencia, que no podrá ser más de uno, y un plazo prudencial para cumplir. Las intimaciones pueden notificarse con el acto principal o separadamente.”. Solicitamos que ante todo lo expuesto en la presente se considere lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en su Artículo 143º: “La Administración podrá de oficio, o a petición de parte, mediante resolución fundada, suspender la ejecución de un acto administrativo, por razones de interés público, para evitar perjuicios graves al interesado o daño de imposible o difícil reparación o cuando se alegare fundadamente una causa de nulidad.”; consideramos que una de las mejores opciones es la suspensión de la ejecución del acto, ante la gravedad de los perjuicios que causaría la decisión tomada el día de ayer por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta además la inconstitucionalidad del acto aquí planteada por nosotros observar el Artículo 144º: “En los casos en que la Constitución o la ley otorguen ejecutoriedad impropia al acto, será requisito esencial para disponer el cumplimiento que se acredite: a) Que se haya cumplido con el requisito del artículo 104; b) Que esté cumplida la notificación; c) Que se haya hecho conocer lo establecido en el artículo 132; d) Que esté acreditado que no haya pendiente plazo de interposición de recurso con efecto suspensivo interpuesto, o que si fue interpuesto, esté pendiente de resolución.”; sosteniendo por nuestra exposición presente que de darse la aplicación de la decisión del gobierno colegiado del día de ayer se contravendría el Artículo 146º: “No procede la ejecución del acto jurídicamente inexistente, y la misma de darse, constituye abuso de autoridad. En ese caso bajo su responsabilidad, el particular puede resistir la ejecución del acto.”; Artículo 137º: “EL acto ejecutorio goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiere resultar a ponerlo en práctica por sus propios medios, salvo los casos previstos en la Constitución o la ley; e impide que los recursos que interpongan los administrados sus pendan su ejecución y efectos, salvo que norma expresa establezca lo contrario y en los casos del art. 98, Inc. f), 138 y artículos 104, 132 y 133.”; Artículo 148º: “La Administración se abstendrá de: a) Ejecutar el acto a que se refiere el artículo 92; b) De poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo, de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de la ejecutoriedad de aquél o que habiéndose resuelto no hubiere sido notificado.”; esto implicaría por su inexistencia jurídica aquí denunciada un abuso de autoridad y agregamos que a pesar de considerarlo tal no pretendemos resistir a la ejecución del acto en modo de respetar la institucionalidad que deseamos a través de la presente salvaguardar. Así también, la decisión tomada por el Consejo Directivo, considerando todo lo expuesto antes en la presente, creemos que el acto contiene vicios que afectan los requisitos normativos esenciales, siendo esto causa de nulidad e inexistencia jurídica del mismo al encontrarse la resolución tomada por el gobierno colegiado del instituto en contravención de los establecido en el Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Corrientes en los siguientes artículos: Artículo 169º: “Es causa de extinción del acto administrativo ejecutorio, con las excepciones previstas en la ley, que él contenga vicios que afecten los requisitos mencionados en ésta o en otra ley, o en los reglamentos que en su consecuencia se dicten.”; Artículo 170º “Las consecuencias jurídicas de los vicios en que se incurra en un acto ejecutorio se gradúan según su gravedad en: a) anulabilidad; b) nulidad.”; Artículo 174º: “El acto jurídicamente inexistente a que se refiere el artículo 92, no requiere para que no produzca efecto, declaración alguna. Sin embargo, a petición de particular de oficio, deberá dictarse acto declaratorio de su inexistencia jurídica para evitar confusiones en el orden normativo.”; Artículo 175º: “Son vicios graves, causante de nulidad: a) Si el acta adolece de incompetencia por haberse ejercido funciones de índole administrativa de otros órganos; b) Si el acto es dictado por órgano incompetente en razón del grado, en los casos en que la competencia ha sido legítimamente concedida, pero el órgano se excede manifiestamente en la misma; c) Si es dictado, sin haberse obtenido en su caso la previa autorización de otro órgano, siendo ella necesaria; d) Si es ejecución de un acto no aprobado, siendo la aprobación exigida; e) Si transgrede prohibición de un mandato expreso de normas legales, reglamentarias o sentencias judiciales; f) Si está en discordancia manifiesta con la situación prevista como causa de hecho para el acto dictado, por el orden normativo; h) Si es dictado por error esencial del agente; l) Si no se ha cumplido regularmente el requisito de la convocatoria; ll) Si el objeto o el contenido son, imposibles de determinar o de cumplir de hecho; m) Cuando se ha dictado omitiendo algunas de las etapas esenciales que hacen a la garantía de la defensa;”; Artículo 187º: “Se considerará jurídicamente inexistente acto, cuando: c) Si adolece de incompetencia total; d) Si carece de firma del agente que lo emite; e) O de otra forma que sea sacramentalmente requerida; f) Le faltare algún otro requisito esencial si no estuviere contemplado en los artículos 175 o 176;”; Artículo 188º: “El acto jurídicamente inexistente: a) Carece de presunción de legitimidad y de ejecutoriedad; b) Los particulares no está obligados a cumplirlos y los agentes tienen el derecho y el deber de no cumplirlos ni ejecutarlos; c) La declaración de su inexistencia jurídica produce efectos retroactivos; d) La acción para impugnarlos es imprescriptible y no existe a su respecto, plazo de caducidad.”; Artículo 180º: “En los supuestos de los artículos 175 y 176 tendrá en cuenta la gravedad del vicio para determinar la sanción, prevaleciendo dicha circunstancia en la forma establecida en los artículos 171 y 172 aún si  el hecho estuviese nominado con consecuencia distinta a la que corresponde en razón de su gravedad en los artículos mencionados en primer término.”; considerando por nuestra parte que de la aplicación del acto como aquí denunciamos sería causa de la necesidad de la aplicación de sanciones a los responsables de la ejecución y decisión tomada en el marco de la actuación del gobierno colegiado como se establece en el último artículo expuesto antes.

                              Sin más que agregar, esperando haber expuesto en su totalidad a lo largo de la presente nuestra posición respecto de la decisión denunciada en relación a la normativa vigente, esperamos que estando Ud. en conocimiento, intervenga a la brevedad para reestablecer la institucionalidad del gobierno colegiado del Instituto de Formación y Capacitación Docente Nº 1 revirtiéndose así la lamentable situación actual por la que atravesamos. Agradecemos por su atención y lo saludamos de nuestra mayor consideración, los representantes estudiantiles electos para el Consejo Directivo del período 2009. 
 

                              Expediente: Nº 330-18-03-112/09 

                              Presentado: 18/03/09 

                              Dirección General de Educación Superior

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