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Marzo del 2006

 

Ejes de la recolonización imperialista en Paraguay

Enlace permanente 29 de Marzo, 2006, 16:09

La soja, el Acuífero Guaraní y presencia militar yanqui

Ejes de la recolonización imperialista en Paraguay

Por Marco Boltes
Agrupamiento por el Socialismo, Paraguay

Publicado en Socialismo o barbarie

A pocos días de las grandes movilizaciones por la nacionalización de los hidrocarburos protagonizadas por los trabajadores y el pueblo boliviano, y a tan sólo 250 km de distancia de los yacimientos gasíferos y petroleros motivo de la disputa entre los trabajadores y las transnacionales, Washington logra que el Congreso paraguayo apruebe una ley de inmunidad diplomática para sus tropas hasta diciembre del 2006. Aumenta así el número de soldados en la base aérea de Mariscal Estigarribia, en el centro del Chaco, instalación que de hecho hace ya un tiempo fungía de asiento de una base norteamericana clandestina.

¿Cuál es la intención de Washington? ¿Cuáles son los motivos de fondo que llevan a esta intervención militar en Paraguay y la Cuenca del Plata, aparte de amedrentar a los trabajadores y prevenir grandes movilizaciones populares en contra de los gobiernos capangas de las grandes transnacionales?

 

El proyecto recolonizador

Partimos de que esta época de globalización del capital está caracterizada por una internacionalización de los procesos productivos con una definida división mundial del trabajo. Y que en esta coyuntura del sistema capitalista, en la nueva organización de la producción a escala mundial, los países semicoloniales como el nuestro asumen el desarrollo de una parte específica del proceso productivo, quedando la dirección de qué, cuándo y cómo se produce a cargo de los países centrales.

En ese marco, el gran capital asigna a los países de la Cuenca del Plata, y en especial al Paraguay, el papel de proveedores de recursos naturales y materias primas, sobre todo la producción de rubros agrícolas. Los casos más ilustrativos son los de Brasil y Argentina, que en la última década sufrieron prácticamente el desmonte de toda su industria pesada y semi pesada, siendo así que por ejemplo Brasil, de ser un importante exportador de automotores y maquinarias, pasó a tener actualmente como su principal rubro de exportación al jugo de naranja.

Este proyecto recolonizador también tiene otros aspectos o fases importantes vinculadas estrechamente con la distribución de la producción a nivel mundial y la expoliación económica, que son el aspecto político y el militar.

Así, podemos identificar dentro de este proceso regional a diversos actores. En primer lugar, al gran capital representado principalmente por las grandes transnacionales del agronegocio, en estrecha relación con el estado norteamericano (EEUU), que asume como propio el proyecto del gran capital transnacionalizado, y en esa medida lo apoya con sus recursos políticos, tecnológicos y militares. Uno de estos mecanismos de dominación de la potencia imperialista comprende el control de los organismos financieros multilaterales (GEF, BM, FMI, etc.), los cuales, mediante sus ajustes o sus acuerdos stand by, «diseñan» las políticas económicas de los países semicoloniales.

Basta citar que de las diez empresas más capitalizadas en el mundo la mitad son norteamericanas [1] para dejar sentada la histórica fusión entre los intereses nacionales norteamericanos y los del capital financiero trasnacional. Fusión que es la fuerza motriz de las intervenciones militares de Washington en todo el orbe contra países pobres, asegurando para las empresas con base en ese país recursos y ganancias, como por ejemplo en la guerra colonial petrolera en Iraq.

Las grandes transnacionales del agronegocio, que mercantilizan la naturaleza con una agricultura altamente tecnificada y capitalizada, son una de las expresiones de esta «etapa superior» del proceso de acumulación e internacionalización del capital. Apoyadas por los derechos de propiedad intelectual, las grandes corporaciones controlan y explotan los recursos genéticos (en este caso semillas) de los países pobres, al tiempo que invaden sus territorios con semillas genéticamente modificadas (transgénicas), destruyen sus recursos naturales y de paso arrasan con comunidades campesinas e indígenas enteras, que son expulsadas, generalmente en forma violenta, de sus tierras.

En cuanto a la división técnica del trabajo de estas grandes corporaciones, el proceso de producción se desarrolla en diversos países y se realiza para el mercado mundial. La intensificación del dominio del capital sobre el campo es un proceso capitalista crecientemente globalizado, que se va expresando en la consolidación de un sistema agroalimentario mundial bajo el dominio de grandes corporaciones asociadas a políticas de liberalización y ajuste estructural. Corporaciones que monopolizan la provisión de insumos y tecnología agropecuaria, patentan variedades de cultivos y controlan la política agropecuaria y alimenticia, determinando que la tierra se destine sólo a la producción agropecuaria exportable. [2]

 

La sojalización del Paraguay y la Cuenca del Plata

En 2001, a nivel mundial la superficie destinada a la producción de soja llega a 75,5 millones de hectáreas, de los cuales el 18,4 % correspondía al Brasil y el 1,6 % a Paraguay, con 1,2 millones de hectáreas. Esta oleaginosa ocupa el 21 % de la tierra arable en el Brasil y el 44 % en Paraguay.

Así, en 2004 la producción de soja ocupa 1,9 millones de hectáreas, mucho más de la mitad de la superficie cultivada en el Paraguay, lo que representa el 2% del cultivo mundial. Esta expansión sitúa al país como cuarto exportador mundial, con 4 millones de toneladas producidas. La producción de la soja es de lejos la principal actividad productiva del país, considerando las rentas que genera a los empresarios y su contribución a las exportaciones. [3]

A lo largo del proceso de expansión del cultivo pesaron los avances de la biotecnología, que permitió un crecimiento sostenido de la productividad. De las 27.000 explotaciones que cultivan soja, son sólo 45 las empresas que cultivan más de 5.000 hectáreas; en 2004, las divisas generadas por las exportaciones de soja pueden estimarse en mil millones de dólares, que en su mayor parte ni siquiera son apropiados por la burguesía local vinculada a este rubro, pues la parte del león se la quedan las grandes transnacionales del agro. El mismo proceso de expansión se da en los vecinos estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Paraná y en las provincias argentinas del Chaco y Misiones.

En Paraguay, en los últimos años es indudable su impacto en el medio rural. En ese período los cultivos anuales producidos por las comunidades campesinas, como el algodón o la yerba mate, han decrecido. Esa caída de la producción campesina es tal que ya en el año agrícola 2002-03 la producción valorizada de los principales cultivos del sector se redujo a menos de la quinta parte del total, en contraste con la soja, que representó el 68 % del valor total de la producción.

Debemos puntualizar que cuando hablamos de este proceso de «sojalización» no hablamos simplemente del cultivo intensivo de un producto, sino más bien del conjunto de relaciones socioeconómicas asociadas a un modelo productivo, que responde a las características de un enclave agroexportador que refuerza los lazos de dependencia, que incluye el uso a gran escala de agrotóxicos, y que se expande en base a la expulsión del campesinado hacia los cinturones de pobreza en las principales ciudades.

 

El gigante capitalista de la soja

Uno de los principales actores en este proceso recolonizador en esta parte del continente es Monsanto, llamada la «Microsoft del mundo de la semilla», que es la más importante compañía en el rubro transgénicos y actualmente controla el 80% del mercado a nivel mundial. [4] A partir de 1996 empieza la carrera frenética de compras y fusiones de la Monsanto en el mundo de la biotecnología. Ese año compró el activo biotecnológico de la Calgene, una compañía biotecnológica de California por 340 millones de dólares. En 1997, Monsanto adquirió la compañía brasileña Sementes Agroceres y la americana Asgrow Agronomics. En 1998 compra las operaciones de ventas de semillas de Cargill por 1.400 millones de dólares , además de la Delta & Pine Land Co. por otros 1.820 millones y la Dekalb Genetics por 2.300 millones. En 2003 declaró un capital de 9.461 millones de dólares. Las ventas netas de Monsanto, tan sólo en el rubro soja, alcanzaron en los primeros nueve meses del 2005 los 827 millones de dólares. [5]

La mayor parte o casi todas las plantaciones de soja transgénica en Paraguay utilizan las semillas, los herbicidas y los agrotóxicos de esta compañía.

La Monsanto, además de este conocido monopolio ejercido principalmente por vía de las leyes de patentes sobre los genes (la esencia misma de la vida) y la venta de «paquetes» tecnológicos  –como es el conocido caso de la venta de la semilla de soja RoundUp Ready, acompañada de su correspondiente herbicida RoundUp–, ahora tiene como principal objetivo controlar otro recurso básico para la vida y también básico para sus negocios en el agro: el agua.

En 1999 Monsanto compró la Mahyco (Maharashtra Hybrid Seed Company) de la India. Con motivo de la operación, Robert Farley, alto ejecutivo de Monsanto declaró que «lo que ustedes ven no es simplemente la consolidación de una compañía en el negocio de las semillas, es realmente su consolidación en toda la cadena alimenticia. Desde el agua, que es tan central a la semilla como ésta lo es a la producción alimenticia (...) Monsanto ahora trata de establecer su control sobre el agua. Durante 1999, Monsanto planifica lanzar un nuevo negocio del agua, comenzando con la India y México, pues ambos países encaran una escasez de agua». [6]

Para entrar en el negocio del agua, Monsanto ya tiene un importante paquete de acciones en la Water Health Internacional (WHI), con la opción de comprar el resto del negocio. Negociar con el agua, como con su negocio de semillas, tiene el objetivo de controlar los recursos vitales necesarios para la supervivencia humana.

 

El Banco Mundial y las transnacionales van por el agua

Dentro del diseño recolonizador, parte importante del esquema es la relación existente entre las transnacionales como la Monsanto y el Banco Mundial.

El Banco Mundial ya se ha ofrecido a colaborar intermediando entre Monsanto y «los mercados en desarrollo». Como afirma el propio documento de estrategia de Monsanto, «estamos particularmente entusiasmados por la potencial cooperación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial para proyectos conjuntos en los mercados en desarrollo. La IFC está ansiosa de trabajar con Monsanto para comerciar con oportunidades de sostenibilidad, y aportaría a nuestros esfuerzos tanto capital como posibilidades de actuación sobre el terreno». [7] Es importante destacar que la International Finance Corporation-IFC (una sección del BM) tiene como principal objetivo buscar, en propias palabras de ese organismo, «financiar proyectos del sector privado en países en desarrollo, ayudar a multinacionales del primer mundo a movilizar capital en los mercados internacionales y proveer asesoría y asistencia técnica a empresas y gobiernos».(www.ifc.org)

El papel del Banco Mundial de «mediar» entre los gobiernos y las transnacionales para que se privaticen los recursos hídricos de los países semicoloniales y que se pueda comerciar con los derechos sobre las aguas –y sobre cualquier otro recurso natural considerado estratégico para el gran capital– es uno de los pilares del proceso de recolonización de los países del Tercer Mundo.

Por ejemplo, desde hace dos décadas existen tres formas generales de privatización del agua aplicadas a nivel mundial, y que cuentan la mayoría de las veces con el aval de organismos internacionales (principalmente el BM). En la primera hay una venta total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte de los países semicoloniales en favor de las multinacionales. Otra modalidad es la de hacer una concesión por parte de los Estados para que las multinacionales tomen a su cargo el servicio y el cobro por las operaciones y el mantenimiento del sistema en uso. El cobro por el servicio y las ganancias son gestionadas en su totalidad por la multinacional. Por último, otro procedimiento consiste en un modelo «restringido» en el que el Estado nacional contrata a una multinacional para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos. La multinacional puede o no hacer el cobro del servicio, pero no tiene acceso a las ganancias generadas. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más popular ha sido la segunda.

 

La Guerra del Agua en Bolivia

Como parte de las políticas privatizadoras impulsadas por el Banco Mundial para América Latina, en 1999 el gobierno boliviano resuelve conceder a una empresa trasnacional con capital de origen norteamericano, la Bechtel Group Inc. (en su versión local, Aguas del Tunari), la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad de Cochabamba y alrededores. Digamos que la familia Bechtel forma parte de la lista Forbes de los 400 más ricos del mundo. Actualmente tiene contratos para la «reconstrucción» de las infraestructuras en Iraq (electricidad, agua potable, aeropuertos, hospitales, escuelas) por 2.800 millones de dólares.

Es importante señalar que el contrato de concesión incluía una cláusula de confidencialidad que indicaba que ningún boliviano debería enterarse del mismo. Este contrato y posterior ley violentaba las formas tradicionales de la distribución del recurso, incrementaba las tarifas para hacer recaer sobre las espaldas de la población las inversiones de modernización del sistema de distribución, y la empresa sólo se hacía cargo del negocio sin aportar un solo peso; de hecho, expropiaba los pozos que alimentaban la red privada y comunitaria. En abril del 2000 la ciudad completa se levantó en contra de la privatización del agua y decide, en cabildo abierto, mantener tomada Cochabamba hasta que se derogue la ley. Se inicia una rica experiencia de lucha, una insurrección popular donde convergen campesinos, trabajadores fabriles y desocupados. Finalmente, el pueblo de Cochabamba, victorioso, logra la derogación de la ley y la expulsión de Aguas del Tunari.

 

Aguas «Argentinas»

En Argentina, otra transnacional, pero con capital mayoritariamente europeo, el grupo Suez, es el principal accionista de Aguas Argentinas (39,9 %), una empresa privatizada durante la era Menem que presta servicios de agua potable y cloacas a 10 millones de consumidores «cautivos» en Buenos Aires y sus alrededores. El grupo Suez maneja el agua que consumen 125 millones de personas en más de 24 países. Con un plazo de 30 años, Aguas Argentinas es la concesión unitaria más grande conocida.

El contrato de concesión por parte del estado argentino para AA es realmente leonino. Pocas veces una empresa ha tenido condiciones tan favorables para tener altísimas tasas de retorno a cambio de una mínima inversión. Tiene un porcentaje de rentabilidad sobre su patrimonio altísimo: entre 1994 y 2000 fue de un promedio del 20%, contra un máximo del 12,5% en países como Estados Unidos o, en la propia Francia, de un 7%. [8]

Según un estudio de FLACSO firmado por Daniel Azpiazu, las tarifas residenciales de AA «se han incrementado entre mayo de 1993 y enero de 2002 en un 88,2%». Según el mismo profesional, ese aumento «no guarda relación alguna con la variación de los precios al consumidor que, entre el comienzo de la concesión y enero de 2002, sólo registró un crecimiento del 7,3%». [9]

A estas tremendas ventajas comparativas y la buena tasa de rentabilidad, AA responde brindando a sus usuarios uno de los peores servicios sanitarios conocidos.

Según un informe preparado en diciembre del 2003 por el propio gobierno argentino, a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), AA transporta residuos cloacales generados por 5.744.000 habitantes, de los cuales sólo reciben tratamiento final en las plantas Norte y Sudoeste los efluentes producidos por 696.000 habitantes, lo que constituye un 12% del total. El resto, según la auditoría, es vertido «al Río de la Plata en la zona de Berazategui sin haber recibido el tratamiento adecuado».

Pero lo mas grave es que a sólo 2.800 metros de allí, Aguas Argentinas retira nuevamente del río el agua que pasa por las plantas potabilizadoras. Este verdadero «envenenamiento de masas» se lleva adelante por medio de la presencia en el agua de niveles de nitratos que triplican los valores máximos tolerables por el organismo humano. El consumo de agua con nitratos, principalmente en menores de seis meses, puede provocar la muerte debido a la falta de oxígeno en la sangre y, en adultos, afecciones cardiovasculares. La otra forma es la presencia de sustancias tóxicas prohibidas en el vital líquido, como el bifenilo ploriclorado (PBC), que es altamente cancerígeno, detectado en peces de la zona del desagüe de AA. A esto se le puede agregar verdaderas pestes de hepatitis B, causada por el agua en varias zonas del Gran Buenos Aires como Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes, Tres de Febrero, Morón, San Fernando y Tigre.

Irónicamente, hace poco el directorio de Suez anunció su intención de dejar Aguas Argentinas a raíz de la falta de acuerdo con el gobierno argentino para subir nuevamente las tarifas domiciliarias, que se encuentran congeladas desde el estallido del Argentinazo a finales del 2001.

 

El proyecto del Sistema Acuífero Guaraní

Como señalábamos, dentro de los procesos de recolonización de los países de América Latina figuran como objetivos los principales recursos naturales. Por eso, la intervención del Banco Mundial y otros actores al servicio del gran capital en proyectos que aseguren el acceso, gestión y usufructo de las principales reservas de agua dulce no se ha hecho esperar.

En mayo del 2003 se reunieron en Montevideo el BM y los países integrantes del Mercosur. Allí se firmó el proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Sistema Acuífero Guaraní (Document of The World Bank-Report Nº 23.490-LAC). Un proyecto financiado por ese organismo internacional y los gobiernos de Holanda (Bank Netherlands Water Partnership Program-BNWPP) y Alemania (German Geological Survey-BGR), la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La relevancia del proyecto radica en que el acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo, con alrededor de 1.190.000 km2 (superficie mayor que las de España, Francia y Portugal juntas). En Brasil abarca una superficie de aproximadamente 839.000 km2; en Argentina, 225.500 km2; en Paraguay 71.700 km2, y en Uruguay, 45.000 km2 (ibíd., p. 6). Y según el propio documento del BM, se lo considera un «recurso estratégico del Cono Sur».

Según el BM, 27,24 millones de dólares del proyecto del Sistema Acuífero Guaraní, que incluyen una donación del Fondo Mundial para la Naturaleza de 13,4 millones, servirán para «elaborar e implementar en forma conjunta un marco institucional y técnico para el manejo y la preservación del Acuífero».

Entre los siete componentes del Proyecto descritos en el documento del BM caben destacar la expansión y consolidación del conocimiento a cerca del Acuífero en base al «desarrollo e integración» del SISAG-Sistema de Información del Sistema Acuífero Guaraní, el desarrollo e implementación conjunta de un marco regulatorio de manejo del Acuífero y la consideración del potencial geotérmico para la generación de energía eléctrica (ibíd., p. 3)

Ahora bien, vale aclarar lo que el BM suele entender por «marco regulatorio de manejo» en sus proyectos relacionados a recursos naturales (háblese, por ejemplo de biodiversidad o agua). Generalmente, se refiere a todas aquellas medidas que se han de tomar para homogeneizar los marcos jurídicos y operativos de acceso a tales o cuales recursos (claro está, bajo el argumento de que es un prerrequisito necesario para ejecutar su «conservación», su «uso sustentable», etc.). En tal sentido, de los cuatro años que componen el proyecto del Acuífero Guaraní, los tres primeros se enfocan a esa finalidad, o como el BM señala, a la «primera fase». Una vez consolidada ésta, el siguiente paso sería colocar a determinados actores en la gestión y usufructo del líquido («El aparatoso proyecto del Acuífero Guaraní», Gian Carlos Delgado Ramos, 2004).

Esa es la forma preferida de operar del BM que, en este tipo de proyectos, devela su interés, primero, por reconfigurar el manejo del recurso, y segundo, por la transferencia de los servicios hídricos hacia el sector privado. Es decir, por un lado, impulsa una concentración del manejo de cuencas hídricas en manos de «selectos actores», y una vez consolidados, busca, por el otro lado, colocar a las multinacionales en el centro de la gestión y usufructo del agua dulce (es decir, en los negocios de servicios hídricos de almacenaje, distribución, potabilización, generación de termo e hidroelectricidad, etc.) (ibíd.).

De esta forma, con la mesa servida, aparecen las transnacionales del agua como el Bechtel Group, la Suez o bien la propia Monsanto, que desea asegurar para sus negocios «a toda la cadena alimenticia».

 

La Hidrovía Paraguay-Paraná

Otro importante proyecto vinculado al papel asignado por el gran capital transnacional a la Cuenca del Plata de ser un enorme campo de cultivos de transgénicos, y que también es financiado por un organismo financiero internacional, es el llamado «mega proyecto» de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Este proyecto varias veces millonario, financiado por el BID e iniciado en abril de 1988, es uno de los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

La Hidrovía Paraguay-Paraná consiste básicamente en obras de dragado y balizamiento de estos dos ríos, en un tramo que va desde Puerto Quijarro (Bolivia)-Corumbá (Mato Grosso do Sul, Brasil) hasta el puerto de Santa Fe (Argentina), con el fin de mejorar el tráfico fluvial del canal, de 3.442 km de longitud, facilitando la navegación en todo el trayecto de buques y barcazas de 10 pies (3,3 m) de calado.

Obsérvese que el trayecto se inicia en la frontera internacional entre Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, y el Brasil, específicamente en Puerto Aguirre y Puerto Quijarro (ambos puertos sojeros bolivianos) y la citada Corumbá, uno de los principales puertos de embarque de la soja cosechada en el estado de Mato Grosso.

El principal objetivo de la Hidrovía es el de dar una salida mucho mayor en volumen al grano y por supuesto abaratar los costos de los fletes terrestres, los cuales actualmente fluctúan en los 40 a 60 dólares la tonelada desde Corumbá hasta el puerto de Santos, y de 23 dólares la tonelada desde la frontera paraguaya hasta el puerto franco de Paranagua (informe de la Secretaría Técnica de Planificaciones, 2-6-05). Lo importante es sacar la producción lo más rápido y barato posible, sin importar (lo más cuestionado del proyecto hasta ahora) el muy posible terrible impacto socio ambiental de tamaño emprendimiento. Organizaciones como la WWF alertan que con la hidrovía podría estar en riesgo el propio Pantanal brasileño.

Para ilustrar nuestras afirmaciones basta apreciar la proyección de cargas previstas en el trayecto de norte a sur por producto: 58% soja y derivados, 23% mineral de hierro, 9% clinquer, 6% madera y derivados, 4% otros.  Un informe del organismo encargado del proyecto, que habla de las proyecciones del futuro tráfico potencial por la Hidrovía, señala que las actuales 78 millones de toneladas de soja en grano que circulan por los citados ríos, para el 2025, tan sólo las provenientes de Paraguay, llegarían a 145 millones de toneladas.

 

Tropas de Washington garantizando el lucro de las multinacionales

Hasta ahora hemos esbozado la configuración recolonizadora en los aspectos estructurales de diseño y asignación geopolítica de Paraguay como básicamente productor y proveedor de materias primas, alimentos y recursos naturales para los países imperialistas. También el papel de «mediadores» que poseen los organismos como el BM o el BID para que las transnacionales se aseguren los recursos necesarios para sus negocios. Pero, como habíamos dicho, un aspecto vital en el actual reparto mundial es la cuestión política y militar.

En ese marco, dentro del proyecto de dominación geopolítica que el imperialismo norteamericano busca imponer para América Latina podemos señalar algunos ejes militares fundamentales. El más importante de todos hasta la fecha es el Plan Colombia, que con su presencia militar en el conflicto colombiano y la base militar norteamericana en Manta cedida por el gobierno del Ecuador se asegura el control del Pacífico y la Región Andina. En segundo lugar está el Plan Puebla-Panamá para el control de Centroamérica y el Caribe, y por último la Triple Frontera, donde EEUU viene montando una campaña para definirla como «zona del terrorismo islámico» para justificar la instalación de una base militar, que hoy le cede el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

La sanción de la ley que permite el ingreso de tropas de Washington por un lapso de 18 meses con goce de total impunidad es el primer paso dado con el fin de establecer en Paraguay una cabeza de puente para custodiar las multimillonarias ganancias e inversiones de las multinacionales. Además, en el Convenio firmado con el gobierno paraguayo Washington no se responsabiliza por los daños que pueda causar a las poblaciones en la salud y al medio ambiente, ni tampoco a los recursos de la población. La presencia en Asunción de R. Myers o del propio Donald Rumsfeld se dan en ese contexto.

Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué enviar tropas y montar una base si con el apoyo de las burguesías lacayas y los ejércitos locales debería bastar y sobrar para asegurar las ganancias y el usufructo exclusivo de los recursos naturales por el imperialismo?

En Paraguay, por ejemplo, el apoyo de las burguesía local «legalista» a los planes del imperialismo de que Paraguay se transforme en un gran sojal es del cien por cien. La influencia de la CAPECO (Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas) dentro del aparato de estado y del actual gobierno es innegable. Este es el sector burgués que vive de las migajas que caen de la mesa del banquete imperialista, y que está ganando la pulseada a los otros sectores burgueses lúmpenes (narco mafiosos) que están fuera de los planes de Washington para la región.

Sin embargo, los ejemplos de las recientes rebeliones en América Latina nos muestran que el papel entreguista de las burguesías latinoamericanas y sus correspondientes brazos armados no son garantía para el imperialismo, no pueden contener el ascenso continental de los trabajadores y los explotados. Por suerte los ejemplos abundan y ojalá se multipliquen. Tal es el caso del pueblo boliviano, que salió a las calles, defendió su agua y sus hidrocarburos y derribó gobiernos serviles al imperialismo como el de Sánchez de Lozada y el de Carlos Mesa. Otros ejemplos son las rebeliones populares en Ecuador (la del 2000 y la de este año), y el Argentinazo, con el mismo saldo de derrocamiento de gobiernos que eran más papistas que el Papa a la hora de aplicar las recetas, los ajustes y los planes neoliberales. Pero lo peor para los intereses imperialistas es el positivo saldo de recomposición política y de clase que dejan estos ricos procesos de lucha que brotan por todo el continente.

Los regímenes de la «democracia» de los ricos y el imperialismo en América Latina están pasando por una tremenda crisis de legitimidad. Los constantes sobresaltos y golpes que le asestan los trabajadores, campesinos y todo el pueblo explotado a los intereses de las transnacionales y el casi nulo papel represivo de los ejércitos locales hacen necesaria la intervención directa del ejercito yanqui para asegurar que no se repitan y no se imiten los casos citados.

 

La lucha de clases en Paraguay

En Paraguay también se da el mismo proceso, aunque con distinto ritmo. Aquí el gran enemigo del modelo del enclave agro exportador es el campesinado. Por ser el sujeto social que enfrenta diariamente a los pocos empresarios que llegan a acumular con la soja y con el aparato estatal que defiende los intereses de las transnacionales, están ubicados siempre en primera fila en las luchas por la soberanía, que en esencia son profundamente anti capitalistas. Históricamente, el movimiento campesino tiene sus reivindicaciones centradas en el pedido de una reforma agraria integral, concretamente reivindicar las necesidades básicas de tierra para los pequeños productores, salud, educación, caminos y asistencia técnica para la producción.

Pero a partir de 1999, y teniendo como impulso las jornadas del marzo paraguayo, se da una importante recomposición política donde en torno a uno de los principales gremios campesinos, la MCNOC (Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas). Se creó el FSS (Frente Social y Sindical), donde además convergieron los sindicatos más combativos. Sus principales reivindicaciones fueron oponerse a la privatización de las empresas públicas y exigir la reforma de la banca pública orientada al servicio de los pequeños productores.

Por otro lado, también la FNC (Federación Nacional Campesina) consolida su frente con la Central Nacional de Trabajadores, y exige por su parte la industrialización local de la producción agrícola y la tarifa social de electricidad. Al poco tiempo se crea la Plenaria Popular Permanente, también en torno a la MCNOC, donde funciona una amplia unidad de acción entre sindicatos, gremios estudiantiles y organizaciones políticas de izquierda.

El principal hito de este proceso se dio con la convergencia de los dos principales gremios campesinos, la FNC y la MCNOC, dentro del Congreso Democrático del Pueblo. Desde allí, en el 2000, mediante masivas movilizaciones y cortes de rutas, trabajadores, campesinos y estudiantes detienen el proceso de privatización de las principales empresas públicas de servicios (telefonía, electricidad, agua).

Actualmente, el lugar de organismo aglutinador y coordinador de las luchas obreras y campesinas en Paraguay lo ocupa el Frente Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida.

La respuesta del gobierno Nicanor para el campesinado en su conjunto hasta ahora fue la misma de sus predecesores: endurecer sus métodos violentos como única respuesta visible a las movilizaciones y reivindicaciones del sector. Las fuerzas represivas tienen como norma el «gatillo fácil» en los operativos de desalojo y despeje de rutas, o bien el amedrentamiento y la persecución cotidiana de dirigentes en las zonas de principal conflicto con los sojeros (Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú). Tan sólo desde octubre de 2003 a septiembre de 2004 han ocurrido tres muertes violentas de campesinos a manos de la policía, además de varios heridos y decenas de detenidos. Con estas víctimas fatales ya suman 83 los campesinos asesinados desde la caída de la dictadura estronista en 1989.

Aun así, la creciente miseria en el campo, la expulsión violenta de comunidades campesinas enteras y principalmente el proceso de politización y amplia alianza del campesinado con los trabajadores urbanos prepara las condiciones objetivas y subjetivas para otras jornadas de lucha similares a las de abril del 2000.

Hoy por hoy el gobierno de Nicanor Duarte Frutos ha caído totalmente en el descrédito, incluso para importantes sectores de la burguesía, para los cuales no es capaz ni de garantizar el resguardo sobre sus agronegocios y latifundios. Tal es el marco del canje de soberanía por «seguridad». Según el propio vicepresidente, Luis Castiglioni, tanto la venida de las tropas como la instalación de una filial del FBI en Asunción tienen por objetivo ayudar en el combate contra el «terrorismo» y mejorar la seguridad. Claro está que Castiglioni habla de la seguridad del modelo agro exportador y la de sus representantes. Qué más se puede afirmar para sostener que el imperialismo prefiere hacer las cosas por sí mismo y no dejarlas en manos de sus lugartenientes.

 

Notas:

[1].- Arceo Enrique (2002). Hegemonía norteamericana, internacionalización financiera y productiva, y nuevo pacto colonial.

[2].- Fogel Ramón (2005). Enclave sojero, merma de soberanía y pobreza. CERI, Asunción.

[3].- Ibid., p. 37.

[4].- Boletín N° 29, Red rural, 2004.

[5].- http: www.montsanto.com. (Company reports third-quarter 2005 results).

[6].- Monsanto moves to central water resources & fish farming in India & the third world, Vandana Shiva, junio 1999.

[7].- Ibid.

[8].- Sebastián Hacher (2004) «¿Kirchner vs. Aguas Argentinas? Negocios sobre el agua», http://www.rebelion.org.
[9].- Ibid.


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las heras - Represión a los trabajadores petroleros

Enlace permanente 12 de Marzo, 2006, 20:08

Comunicadores Solidarios
Córdoba,11 de Marzo de 2006
Urgente. 13 trabajadores detenidos en las Heras.
Sábado 11 de Marzo 2006 | Estado de sitio de facto

Dos nuevas detenciones en Las Heras

Se trata de los delegados petroleros Avelino Andrade y Juan Barriento. Los fueron a buscar a la Iglesia.
A las 21:00 de ayer un comando de la policía provincial de Santa Cruz rodeó la Iglesia parroquial de Las Heras, donde se encuentran más de cien pobladores, en su mayoría mujeres y niños, para exigir que se entregaran dos de los delegados petroleros que también se encontraban allí, luego de las razzias y 16 detenciones que se vienen produciendo sin pausa desde la tarde del jueves 9 de marzo, en un pueblo donde rige un estado de sitio y toque de queda de facto.
Ante la amenaza policial de asaltar la Iglesia colmada de pobladores, los petroleros Avelino Andrade – delegado de la contratista Indus y uno los principales referentes del conflicto – y Juan Barriento – delegado de otra contratista –, se entregaron a las fuerzas represivas. Esto lo informó la abogada del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Ivana Dal Bianco, quien se encuentra en el lugar de los hechos.

Detienen a otros 11 trabajadores por la muerte de Sayago

Al mediodía de hoy tendrá lugar una conferencia de prensa en Buenos Aires, mientras que el lunes habrá protestas en todo el territorio nacional.
La muerte del policía Jorge Sayago durante una protesta frente a la comisaría de General Las Heras, en el noroeste de Santa Cruz, sigue ocasionando detenciones de trabajadores y genera más tensión en la región. Ayer les tocó el turno a Daniel Aguilar, Quique Aguilar, Pablo Mansilla, Mario Bastía, Rubén Bach, Juan Córdoba, José Rosales, Franco Gómez, Jorge Zavala, Daniel Morales y Adrián Saucedo, quienes fueron arrancados de sus viviendas, lugares de trabajo o bajados de los vehículos cuando regresaban de sus labores por orden de la jueza Ruata de Leone. Según las primeras informaciones, todos ellos son trabajadores de la petrolera Indus y esta semana protagonizaron un paro en demanda de su pase al convenio de los petroleros. Al momento se desconoce a qué ciudades fueron trasladados.
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Esteros del Iberá

Enlace permanente 1 de Marzo, 2006, 15:18


Introducción

Desde hace varios años se venia gestando el plan de Douglas Tompkins (DT) para apoderarse de una gran extensión de tierras en los Esteros del Iberá[i], objetivo escondido tras una predica de protección del medio ambiente y que contaba con aliados que ya habían colaborado con él, en su desembarco en la patagonia, como la Fundación Vida Silvestre Argen­tina (FVSA) y una colateral con domicilio en Uru­guay llamada Ecos Mercosur, que "fundó" una filial en la ciudad de Mercedes – Corrientes, que pasó a ser presidida por Miguel Reynal (Ex presidente de FVSA).

Fue esta última que en septiembre de 2002 presentó el Plan de manejo[ii], actualmente cuestionado y que desató numerosas críticas en la reunión realizada en la legislatura el 14 de diciembre de 2005. Cuya con­vocatoria hizo visible para el conjunto de la sociedad el robo del patrimonio territorial que se venía reali­zando sus espaldas.

A pesar de que diversas organizaciones[iii] venían denun­ciado el plan de DT, solo se lograba llegar a un reducido espacio en los medios de comunicación y diversas actividades públicas en colegios, universida­des y encuentros amplios. Fue cuando un sector de la oligarquía correntina[iv] (los ganaderos y arroceros) fueron afectados por el plan presentado por Ecos, que se rompió el pacto de silencio que lo rodeaba.

Un sector de la dirigencia política comenzó a apar­tarse de los acuerdos suscriptos con los operadores de DT, por ejemplo el ICAA que en 2003 había firmado un acuerdo con Ecos en el que comprometía "... a brindar su estructura jurídica, técnica y sus capaci­dades en su calidad de autoridad ambiental"[v]., en 2005 retiraba su firma del acuerdo. La misma convo­catoria de la reunión en la legislatura, denominada "Asamblea Popular", contó con las firmas un mix de legisladores asombroso[vi].

Esta brecha en las alturas del poder es lo que permi­tió que un sector importante de ciudadanos expresara su repudio al robo del patrimonio provincial, princi­pal­mente a través la firma masiva del petitorio con­junto[vii] que se presentó en la legislatura. Pero no se logró una movilización por que no había certeza de la realiza­ción de la reunión, su horario y por que no había acuerdo entre las organizaciones para una con­vocato­ria conjunta.

El plan de manejo

Veamos ahora que se esconde detrás del proyecto presentado por Ecos:

Los Esteros del Iberá ocupan el 14,6% del territorio total de la  Provincia de Corrientes, 1,2 millones de hectáreas divididos en 70% agua o tierra pantanosa y el 30% bosque o pastizales secos. El 70%, de este extenso territorio, pertenece a una Reserva Natural Provincial – Ley N° 3371. Con respecto a la tenencia de la tierra un 60 % pertenece a tierras públicas pro­vinciales y un 40 % a particulares.

Según los datos del plan ecos, de 2002, DT a través de su "ONG" Conservation Land Trust (CLT), había adquirido 110.000 ha. y su objetivo era acre­centar esta cantidad a 325.000 ha., desde esa fecha ha acrecentado esa cantidad a más de 200.000 ha., para lo cual manifiesta dispuesto a realizar una inversión de $ 10.000.000 (de los cuales un 74 % está desti­nado a la adquisición de tierras).

Para lograr avanzar en sus objetivos DT y sus opera­dores[viii] se valieron de diversas maniobras como son las presiones a los ocupantes de las tierras, mucho de ellos pobladores de estas tierras por generaciones; cierre de caminos rurales; llegando al colmo de hacer cerrar la Escuela Albergue 357 (ver nota: Tompkins y el caso del maestro sin escuela), construida a través del Plan Social Educativo. Ya existen denuncias en tres juzgados provinciales por estas presiones ilegales.

Es más en uno de los párrafos del proyecto indica que CLT "ha invertido más de $ 175.000 en reubicar a los ocupantes ilegales que residen en las tierras".

Cuando esas presiones colisionaron con las propieda­des de productores ganaderos y arroceros, estos lo­graron que las denuncias en esos momentos cajonea­das en los juzgados, llegaran a los medios de comu­nicación locales, incluso el diario nacional Clarín, le dedicó un importante artículo detallando las denun­cias que existían en la provincia.

Otro mecanismo que utilizan es "ayudar" a los po­bladores a realizar el reclamo de posesión veinteñal, para luego comprarles por unos pocos pesos, aprove­chando las necesidades que tiene la gente de una de las zonas más pobres de la provincia, por ejemplo Concepción, Pellegrini o San Miguel.

Pero este es solo parte del objetivo, hay un 26 % de la inversión planteada que se propone entre otras tareas una "Reforma política y regulatoria" para lograr una zona de "protección" de los esteros, para lo cual par­ten del análisis de que "la protección am­biental en Argentina se encuentra limitada por la crisis econó­mica y por la falta de fondos para los programas ambientales", por lo que el proyecto de DT sería el único viable para conservar los estraté­giocos Esteros.

Y negocio redondo, el Empresario ecologista Dou­glas Tompkins y su Conservation Land Trust recibe en concesión el 14,6 % de la provincia de Corrien­tes, de uno de los humedales de mayor biodiversidad del planeta, y sindicado como uno de los punto de descarga del Acuífero Guaraní  (la segunda reserva de agua potable del planeta), por la módica suma de $ 10 millones. Aún más sustancioso que las "privati­za­ciones" del gobierno menemista.

Los proyectos del gobierno provincial

Pero el gobierno provincial no solo aspira a que en­tren los fondos aportados por CLT, sino que también intenta estar en la carrera de atraer a las papeleras cuestionadas por el pueblo entrerriano. Ya a principio de 2005 el anterior gobernador Ricardo Colombi tubo que enfrentar una movilización de ciudadanos contra la instalación de una curtiembre en su ciudad natal, Mercedes, uno de los departamentos que ro­dean los esteros.

El actual Gobernador Arturo Colombi pretende co­locar igual que en un "cambalache" el discurso "ecológico" de CLT – FVSA – Ecos y el "desarro­llista" que le permita atraer inversiones en industrias contaminantes como las curtiembres o las papeleras.

Es por ello que no tomó ninguna posición con res­pecto de la reunión en la legislatura. Pero sí algunos de sus "Operadores" se expresaron en contra del plan de DT, en particular el presidente de la sociedad rural de la Ciudad de Mercedes, feudo indiscutido de los Colombi. (ver nota Blas Ferrando) 

Los límites de la lucha contra el plan de manejo

Pero entre las organizaciones que plantearon su oposición al plan de manejo en la legislatura, fueron mayoría las que se manifestaron a favor de modificar el mismo, su máximo referente fue el concejal Andrés Zavatiero, de Ituzaingó, que hace años es funcionario del "Foro Iberá – Yacy­retá" del que participan las organizaciones que responden a DT.

Y es que en un marco de escasa movilización, las posiciones reflejadas son mayoritariamente de las clases poseedoras y sus representantes políticos. Que solo presentaron un tibio discurso anti yanqui, más ligado a un rancio chovinismo, que a una posición asentada en el papel de in­tromisión del imperialismo estadounidense en la vida política de los diferentes países del área. Así planteado el problema no difiere de la posi­ción de los comer­ciantes, que se negaban a la instalación de una cadena de supermercados chi­nos en la provincia.

Además en la reunión de la legislatura también aparecieron candidatos a suplantar a Ecos – FVSA para presentar un proyecto alternativo, por supuesto "consensuado" con organizaciones locales.

Una lucha democrática – antiimperia­lista

La lucha por la defensa de los Esteros del Iberá y el acuífero guaraní cruza dos grandes problemas:

1.      Por un lado es una lucha antiimperialista por que colisiona con una de las políticas estraté­gicas del imperialismo para controlar y poner bajo las "leyes del mercado" a los recursos naturales del planeta, en este caso una de las mayores reservas de agua del planeta.

2.      y también es una lucha democrática ya que todos estos negociados, del que participan políticos, organizaciones patronales y "ONGs" se llevan a cabo a espaldas del conjunto de la sociedad.

La entrada en escena de organizaciones de pro­ductores y ruralistas, potenció la instalación del tema en un sector importante de la sociedad, principal­mente demostrado en el hecho de que en unas pocas semanas, un reducido número de miem­bros de la Autoconvocatoria No al ALCA – Co­rrientes, logró miles de firmas en estructuras laborales, la peatonal y en particular entre la juventud.

Pero sería un gran error creer que por la fisura abierta en las alturas por la colisión de distintos intereses, los sectores que hoy enfrentan a DT van a ser consecuentes en una lucha de esta magnitud.

Ya que los intereses de los productores sojeros – arroceros, está más cerca del imperialismo que de los trabajadores y el conjunto de la sociedad.

Los que apostamos a un cambio social pro­fundo debemos, a la vez de participar en to­dos los ámbitos que nos permitan involucrar am­plios sectores de los trabajadores, estudiantes, desocu­pados, pequeños comerciantes, apostar a la or­ganización autónoma de estos sectores para una efectiva defensa de los intereses populares.

Y en Corrientes, tenemos antecedentes recientes para demostrar la importancia y contundencia de la lucha de los trabajadores.

En el 99 fue la lucha de los docentes autocon­vocados, la que volteó a tres gobiernos y marcó la vida política durante prácticamente durante todo el año.

Por que solo manteniendo la independencia política, podremos luchar consecuentemente para resolver el problema antiimperialista y de­mocrático que nos plantea la defensa de los este­ros del Iberá.

Debemos acentuar la lucha contra DT y los or­ganizamos Internacionales que están junto él [ix], como representantes de una política del imperia­lismo yanqui, y ligarlo a otros mecanismos de sumisión como son la ilegal Deuda Extena, la presión para la firma del ALCA y la creciente Militarización de Latinoamérica..

Las tareas actuales

Los militantes que estamos inmersos en la campaña por la defensa de los Esteros del Iberá debemos discutir cuales son las tareas prioritarias de la misma:

La lucha de las asambleas ambientalistas de Entre Ríos hoy están a la vanguardia, por lo que una de las primeras tareas es brindar nuestra solidaridad y establecer lazos comunes de ambas luchas.

Debemos continuar con la denuncia del plan de manejo y la política de usurpación de los recursos naturales.

Hay que aprovechar la vuelta a clases de la juventud estudiantil para continuar su difusión. En particular apelando a los Centros de Estudiantes y agrupaciones que ya están comprometidas con la lucha.

Extender al conjunto de la provincia, aprovechando las relaciones que se lograron con organizaciones del interior, planteándoles un trabajo coordinado.

Continuar apelando a los distintos medios de comunicación que colaboraron en la campaña, para continuar extendiéndola.

Estas tareas u otras que surjan, son necesarias para evitar que el tema vuelva nuevamente al ámbito estrictamente de la camarilla política, que fue uno de los objetivos de la reunión de diciembre, permitir el debate, pero hacerlo "no vinculante" como declaró el diputado Marcos Costa (PANU) a Sudamericana"No decidiremos nada, sino que elaboraremos un marco para analizar el tema", posición que también manifestó a la prensa la Dama de Hierro Josefina Meabe de Mathó.

L.P.

 

Pagina Web del Diario El Libertador

ATILIO ZARACHO "EX DOCENTE"

Tompkins y el caso del maestro sin escuela

Fecha Publicación: Jueves, 15 de Diciembre de 2005

Atilio Zaracho se presentó como un "ex docente", no levantó la voz ni por un instante de los diez minutos que le concedieron en la Legislatura y con rigor his­tórico relató el testimonio de lo que es, quizá, la muestra más tajante del efecto negativo de la extran­jerización de la tierra, un proceso que llegó al sistema de humedales del Iberá con los millones de dólares del norteamericano Douglas Tompkins.

"En 1999 Tompkins y Anzola (anterior dueño de un latifundio vendido al magnate en la localidad ribe­reña de San Miguel) me pidieron que no cruce más por su campo, diciendo que la escuela se tenía que trasladar, irse de ese lugar, porque las 22 familias que vivían ahí también se irían. Cuando manifesté el pro­blema en el Consejo de Educación me trasladaron y a la escuela la derrumbaron". De pié y observando al nutrido auditorio a su alrededor, Zaracho sintetizó de ese modo la que, además, significó una intervención forzosa de la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia.

"A los campesinos los despojaron de sus herramien­tas, entraron a sus casas, quemaron los campos, los ataron a los árboles y a los chicos los encadenaron", indicó el maestro, único docente de la desaparecida Escuela Albergue 357, construida a través del Plan Social Educativo en los terrenos del productor que más tarde cedió a Tompkins.

El educador -que diariamente cruzaba a canoa el río Carambola para llegar al establecimiento- aseguró que desde 1998 las Fuerzas de seguridad intervinie­ron de modos más sutiles, pero "en clara actitud per­secutoria a mi y a los pobladores".

El testimonio fue la plataforma sobre la que más tarde distintos especialistas observaron la necesidad de enajenar terrenos que alambraron distintos cami­nos rurales.

BLAS FERRANDO

"No vamos a avalar un plan que esté en manos de extranjeros"

"Tengo la gran responsabilidad, como también el legado de defender a más de 1.000 productores que dejaron en mis manos y las de la institución, la mi­sión de definir una posición con respecto al Plan de Manejo del Iberá", dijo el presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, Blas Ferrando.

El dirigente ruralista fue contundente a la hora de hablar frente a la gente que lo observaba en la Legis­latura: "No vamos a avalar ningún proyecto, ningún plan de manejo que esté manejado por extranjeros", manifestó mientras recibía una extensa ovación.

"No queremos a esta gente que tiene intereses crea­dos. Nosotros somos los primeros en defender la ecología y el medio ambiente, por lo que no vamos a creerle a esta gente que ya nos mintió", comentó mientras subía el tono de voz. También argumentó que "dijeron que con este plan no se va a disminuir la producción y no va a haber expropiación, pero son todas mentiras".

Por último cerró desafiando: "No vamos a permitir que nos hagan ningún plan porque no conocen nada de la producción".


 



[i] En el denominado "Foro Iberá – Yacyretá", contituido en Octubre de 2001, se reunían organizaciones y operadores que responden a Tompkins, entre los que se destaca Jorge Leconte, el actual representante legal de CLT, con diputados nacionales y provinciales, organismos gubernamentales, representantes de municipios, universidades, organizaciones de productores y (toquen fanfarrias) la embajada de Estados Unidos.

[ii] Proyecto ARG/02/G35: Manejo y conservación de la Biodiversidad en los Humedales de los Esteros del Iberá. Firmado por Miguel Reynal (Fundación Ecos), Embajador Federico Barttfeld  Secretario de Coordinación y cooperación Internacional de la Cansilleria y Carmelo Angulo Barturen Representante Residente del PNUD.

[iii] Entre las que podemos citar a: Autoconvocatoria No al ALCA – Corrientes; Centro de Estudios de los Empleados Judiciales, el Frente Unidad Popular, entre otras.

[iv] Sector con gran peso en la estructura política de la provincia. Por ejemplo el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales es Ricardo Mathó Meabe, hijo de la Dama de Hierro: Josefina Meabe de Mathó, Presidente de la Cámara de Senadores, manifestó a los medios de comunicación que "Creemos que el Plan de Manejo es extremadamente negativo para la provincia y para la paz social, además es sumamente injusto."

[v] Resolución N° 344 del 23 de diciembre de 2003: Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA)  y el Proyecto PNUD ARG/02/G35

[vi] Entre los que se destacan Josefina Meabe de Mathó, del Partido Liberal, es una de las operadoras más importantes del Frente de Todos (FT) y Marcos Costa, diputado del PANU, el partido de la oposición que fue denunciado permanentemente por el gobierno como el obstructor de sus iniciativas.

[vii] Participaron en su redacción: Comisión Provincial de Derechos Humanos, Foro Intersectorial por la justicia (Goya), Grupo de trabajo "Iberá patrimonio de los correntinos" (Mercedes) Autoconvocatoria No al ALCA (Corrientes) – Unidad Popular.  La organización Barrios de Pie, aliados del gobierno del FT, se retiró de la reunión y lanzó su propio petitorio.

[viii] Entre los que se destaca, además de FVSA – Ecos, un ex terrateniente de apellido Anzola que después de venderle sus tierras, se convirtió en la cabeza visible de las presiones hacia los pobladores y otros productores para lograr que vendan o abandonen sus tierras.

[ix] BM (Banco Mundial) – PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) GEF ( )

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